Agencias
MÉXICO, D.F.- El senador baja californiano del PT, Marco Antonio Blásquez, demandó la intervención de la Segob para frenar la campaña de odio en el norte del país, al señalar que ya sufrió agresiones verbales de comensales en restaurantes de Tijuana, donde le reclamaron que se haya abstenido cuando se votó la reforma hacendaria en comisiones, según publicó el sitio web de Milenio.

Acusó que el responsable directo de esta campaña es el Consejo Coordinador Empresarial y por ello Gobernación debe intervenir para pedirle a esos grupos que se abstengan de promover la descomposición de la vida democrática del país al exhibir a los legisladores como villanos.

“Yo estoy valorando presentar una denuncia contra estas instituciones que nos están exponiendo a este riesgo. Sin embargo, confío en lo que es más importante que otra cosa, el acuerdo político”.

El senador del PT relató que en Baja California se vive una situación difícil, porque son grupos que han sabido organizar y desplegar esta campaña de manera precisa.

Recordó que se abstuvo en la votación de comisiones, donde pasó la reforma hacendaria con la homologación del IVA fronterizo, pero luego votó en contra en el pleno.

De acuerdo a Blásquez, el responsable de esta campaña es el CCE, que no se trata de ejercer libertad de expresión, sino que raya en la apología de la violencia, porque se condena el sentido del voto.

“A mí me expusieron, debido a esa confusión de la abstención técnica que presenté. De ahí, estas personas se tomaron la atribución para meterme a esta situación.

Ahora ¿en lo personal a mí qué me ha pasado?  Bueno, yo he encontrado agresiones verbales. Te puedo decir que en este momento si entro a un restaurante en Tijuana, dos o tres comensales, por lo menos, me van a recriminar de una manera agresiva, pero equivocada”.

—¿Ya le ha ocurrido?

—Sí. Entonces, sí creo que me hago responsable de mis actuaciones totalmente, pero sí creo que Gobernación tiene que llamar a cuenta a estas personas y organismos, que están descomponiendo la vida democrática del país.

Cabe mencionar, que esta situación no es nueva, como publicamos el pasado miércoles, la senadora priista Lilia Merodio exigió al gobierno federal que brinde las garantías necesarias para los legisladores que han sido agredidos en sus estados, tras avalar la Reforma Hacendaria.  

En tanto, en la Cámara de Diputados, legisladores de PAN, PT y Movimiento Ciudadano cruzaron acusaciones contra perredistas y verdes por la campaña “de linchamiento y odio” por los votos que aprobaron la reforma hacendaria.

Durante la sesión ordinaria de este jueves el diputado del PVEM Arturo Camarena, rechazó la campaña emprendida por panistas y la Coparmex por el voto a favor de la miscelánea fiscal.

Indicó que en el caso de Guanajuato el PAN pagó la instalación de fotografías en la vía pública sobre el sentido de los sufragios de los legisladores, a fin de exhibirlos ante la ciudadanía.

Pidió al presidente de la Mesa Directiva, Ricardo Anaya, detener esta campaña de “terrorismo fiscal”.

El coordinador de los diputados del PAN, Luis Alberto Villarreal, reviró a su homologo del PVEM al acusarlo de “opaco” por no transparentar sus determinaciones camerales.

“El diputado que me antecedió tiene muchas confusiones. La primera es que el terrorismo fiscal no lo hacen los ciudadanos, sino Hacienda, y que mucho de lo que él y su partido aprobaron tiene connotaciones de terrorismo fiscal contra los contribuyentes”, dijo.

A su vez, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, pidió a aquellos que respaldaron la Ley de Ingresos “asumir las consecuencias de su voto”.

“Es un buen testimonio que en la Cámara de Diputados todo mundo conozca cómo se vota. Y quien votó por más impuestos, pues la gente que lo sepa; quién lo rechazó, también. No creo que deba ser un tema que escandalice a nadie. Cada quien que se haga responsable de sus actos”, refirió.

El diputado del PT, Manuel Huerta, dijo que el gobierno federal junto con el PRD acordaron el aval hacendario, mientras que con el PAN “la entrega de la renta petrolera a los privados extranjeros”.

Boquete fiscal

• El gobernador de Baja California, Francisco Vega, reveló que el boquete fiscal que dejará la homologación del IVA en la frontera en su entidad el próximo año será de 500 millones de pesos.
• Indicó que de no lograr aumentos presupuestales, se corre el riesgo de frenar varios proyectos de desarrollo e infraestructura en el estado.