Agencias
TEXAS, E.U.- Abogados del mexicano Edgar Tamayo pidieron el viernes a dos cortes judiciales de Texas emitir una inmediata suspensión de la orden de ejecución en su contra, luego que la CIDH concluyó que Estados Unidos ha violado su derecho a un juicio justo, según informó Notimex.

La defensa de Tamayo interpuso la solicitud este viernes ante la Corte de Apelaciones Criminales de Texas y la Corte de Distrito del Condado de Harris.

"La Comisión Interamericana (de Derechos Humanos, CIDH) es el primer y único foro que ha revisado la evidencia de que el señor Tamayo es una persona con retraso mental que no debe ser ejecutado", dijo Sandra Babcock, quien encabeza el equipo de defensa del mexicano.

"Asimismo, la Comisión Interamericana encontró que como resultado de la violación de los derechos consulares del señor Tamayo, su juicio fue fundamentalmente injusto. Texas tiene la obligación de hacer frente a estas demandas de inmediato", añadió la abogada.

La CIDH, un órgano autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), concluyó el pasado miércoles que en el caso de Tamayo, Estados Unidos es responsable por la violación de los derechos previstos en varios artículos de la Declaración Americana.

El organismo concluyó que el incumplimiento de la obligación de informar a Tamayo de su derecho a la notificación y asistencia consular, según el artículo 36 de la Convención de Viena, lo privó de un proceso penal bajo los estándares mínimos de debido proceso y juicio justo requeridos bajo la Declaración Americana.

En consecuencia, la Comisión recomendó a Estados Unidos revisar el juicio y la condena de Tamayo, de acuerdo con las garantías reconocidas en la Declaración Americana.

La CIDHC instó al estado de Texas a asegurar el cumplimiento total de todas las recomendaciones y de esta forma reparar la violación de los derechos fundamentales de Tamayo.

El organismo advirtió que de ejecutar a Tamayo (lo cual está previsto para el próximo 22 de enero), Texas estaría cometiendo una seria e irreparable violación del derecho básico a la vida, reconocido en el artículo I de la Declaración Americana.

La CIDH reiteró además que el incumplimiento de las medidas cautelares contraviene gravemente las obligaciones internacionales de Estados Unidos, ya que va en detrimento de la eficacia de los procedimientos de la Comisión.