Segob: solo pagan 4 de cada 100 extorsiones

De septiembre de 2013 a julio de 2014 fueron detenidos 581 secuestradores, desarticuladas 83 bandas y liberadas 838 víctimas.

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La Secretaría de Gobernación informó que se desarrolló una alerta inmediata de plagios en curso a escala regional para detectar información de criminales. (ochoregiones.com)
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Lorena López/Milenio
MÉXICO, D.F.- Con la Estrategia Nacional Antisecuestro se evitó el pago de 96 por ciento de las extorsiones telefónicas denunciadas ante las autoridades y también aumentaron las detenciones de delincuentes y la liberación de víctimas de plagios.

El establecimiento de una Red Nacional para el Combate al Secuestro incluyó la identificación de los objetivos criminales locales y regionales, una base de datos de modus operandi de secuestro y extorsión, con la inclusión de los abogados defensores de secuestradores y negociadores privados.

Además, se desarrolló una alerta inmediata de plagios en curso a escala regional y un tablero de control, y se creó una comisión con las empresas telefónicas para “detectar información criminal sobre secuestro y extorsión telefónica”.

En su segundo informe de labores, la Secretaría de Gobernación reportó que están a cargo del fortalecimiento de 32 Unidades Estatales contra el Secuestro, la Procuraduría General de la República (PGR), el Centro de Información y Seguridad Nacional (Cisen) y la Policía Federal, la cual también colaboró en la localización y liberación de víctimas, así como para la desarticulación de organizaciones delictivas.

Así, enumeró, entre los resultados obtenidos hasta julio de este año, el aumento de 52.5 por ciento en el número de detenidos, con 581 capturas, mientras que también se incrementó en 10.8 por ciento la liberación de víctimas, con 838 personas rescatadas.

Gobernación da cuenta de la desarticulación de 83 bandas de secuestradores y la recepción  de 101 mil 701 denuncias por extorsión telefónica entre septiembre de 2013 y julio de 2014, “y se evitó el pago en 96 por ciento de los casos”, además de que fueron detenidos 162 presuntos responsables por ese delito.

En el informe de labores, la dependencia destaca que los secretarios de Seguridad Pública y procuradores de justicia de todo el país adoptaron una agenda de trabajo común y mecanismos de evaluación de los compromisos y de las estadísticas de secuestro.

Para establecer una vinculación entre el sistema de seguridad pública y las compañías telefónicas se conformó la comisión interinstitucional integrada por los titulares de las Unidades Estatales Antisecuestro de Campeche, Coahuila, Jalisco, Sinaloa, la PGR y la Coordinación Nacional Antisecuestro.

Gobernación detalló que la Estrategia Nacional Antisecuestro permite mayor coordinación de las instituciones policiales y de procuración de justicia locales y federales para articular acciones de prevención y sanción de este delito. “Dicha estrategia no solo se centra en la liberación de víctimas, sino además en la detención de los delincuentes”, señaló.

Sistema integral

En la región noreste del país, las instancias de seguridad locales acordaron adoptar el Sistema Integral de Información para Prevención e Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila; así como homologar sus protocolos de actuación en caso de secuestro.

Mientras en el Centro, Noroeste y Occidente también homologaron protocolos y acordaron elaborar otros para la implementación armónica del nuevo sistema de justicia penal, que incluye el Programa Nacional de Capacitación de la Función Policial.

El segundo informe de Gobernación también destacó resultados en operativos coordinados en Michoacán, Estado de México, Tamaulipas, Guerrero, La Laguna y las ciudades con mayores índices delictivos en el país: Acapulco, Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Monterrey, Culiacán, Nuevo Laredo, Tijuana, Cuernavaca y Morelia.

La Secretaría de Gobernación expuso en el documento que se privilegió la prevención del delito y la implementación del nuevo sistema de justicia penal para mejorar las condiciones de seguridad en el país, al priorizar el uso de inteligencia, la coordinación entre instituciones y una actuación eficaz en cinco regiones operativas en las cuales se dividió el país para fortalecer el estado de derecho.

La parte Sureste del país registra la menor incidencia, con el 57.5 delitos federales por cada 100 mil habitantes en 2013

“Ello ha permitido reducir los principales delitos, disminuir la violencia y neutralizar objetivos relevantes de la delincuencia organizada”, afirmó la dependencia al destacar que en los estados del Centro y Occidente del país se registraron las caídas más significativas en la incidencia delictiva federal.

De esta manera, en el Distrito Federal, Tlaxcala, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala descendieron en promedio los delitos federales en 68.9 puntos, ya que la tasa por cada 100 mil habitantes pasó de 201.7 en 2012, a 132.8 en 2013.

Mientras en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas, que comprenden la región Occidente, la reducción en la tasa de delitos federales fue de 46 porque en 2012 se reportaron 129.2 por cada 100 mil habitantes y para 2013 pasaron a 83.2.

Menor proporción de baja en los delitos federales tuvieron las regiones Noreste y Norte con 12.4 y 12.3 puntos, pues Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora en el Noreste mantienen una incidencia de 80 delitos federales por cada 100 mil habitantes y en la zona Noroeste se registra el índice más alto de delitos federales en el país con 132.8 por cada 100 mil habitantes.

Con la menor incidencia está el Sureste, con 57.5 delitos federales por cada 100 mil habitantes en 2013, con una disminución de 4.4 puntos respecto de 2012.

Además, Gobernación elaboró la Agenda Nacional de Riesgos 2014, tomando en cuenta elementos como la justicia e inclusión social, el combate a la pobreza, la educación con calidad, la prevención y atención de enfermedades, el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la promoción del desarrollo económico, social y cultural, así como la seguridad en tecnologías de información y comunicación.

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