Braulio Carbajal/Milenio
MÉXICO, D.F.- El Poder Judicial de Coahuila fue el primer gran inversionista que sedujo Rafael Olvera Amezcua para hacer depósitos en su entonces naciente negocio financiero, que a la postre desembocó en un fraude millonario de más de 2 mil 700 millones de pesos a 6 mil 800 personas.

Según un expediente del contrato, cuya copia está en manos de este medio, el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de Coahuila realizó su primera inversión en Ficrea, por un monto de 7 millones de pesos, el 20 de septiembre de 2010, solo unos días después de que Olvera Amezcua se convirtiera en el socio mayoritario de la firma financiera.

El primer contrato celebrado entre el Tribunal y Ficrea tiene el número de cuenta 42788 y está firmado por Gregorio Pérez Mata, quien hasta diciembre pasado fuera el magistrado presidente del organismo de gobierno, y por Javier Perezanta, primer director general de Ficrea, quien luego fue sustituido por Sergio Ortiz Valencia.

Ese depósito inicial del organismo coahuilense en la financiera fue de 7 millones de pesos, pero en solo cuatro meses -diciembre de 2010- realizó otras tantas inversiones que en total sumaron 20 millones de pesos. Cada depósito estaba firmado bajo la promesa de una tasa de interés de 9 por ciento.

Con los años, la inversión del tribunal en Ficrea alcanzó más de 120 millones de pesos, cifra con la cual se convirtió en el defraudado más grande en el caso.

Cabe apuntar que durante la administración de Humberto Moreira (2005-2011), Olvera Amezcua concretó varios contratos de arrendamiento de vehículos con el gobierno de Coahuila por un monto de por lo menos 800 millones de pesos. Esto a través de Grupo Trade, conglomerado al que se unió Ficrea una vez que fue comprada.

Moreira enfrenta un proceso judicial en España, acusado por supuesto lavado de dinero.

Crecimiento exponencial

Según sus informes, Ficrea fue fundada como sociedad anónima el 28 de febrero de 2005, obtuvo su registro público el 27 de abril de ese mismo año y en 2008 se convirtió en sociedad financiera popular, autorización que obtuvo de Guillermo Babatz, entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Sus primeros dueños fueron David Coutiño Abud y Víctor Manuel Coutiño Albores; sin embargo, nunca lograron que el negocio despegara, y a finales de agosto de 2010 decidieron venderla; el nuevo propietario sería Rafael Olvera Amezcua, un ex funcionario de la Secretaría de Hacienda y de Nacional Financiera.

El nuevo dueño de la Sofipo (Sociedad Financiera Popular) tomó una institución con altos índices de morosidad, nulas ganancias y bajos índices de capital, por lo cual su primera acción fue inyectarle una sustanciosa cantidad de dinero, como lo demuestran las cifras históricas emitidas por la CNBV.

Según los datos públicos del organismo regulador, un mes antes de que Olvera tomara el control de Ficrea, sus activos eran de apenas 10 millones de pesos, una vez en sus manos aumentaron a 22 millones y fueron creciendo de manera exponencial hasta que en octubre de 2014 alcanzaron la suma de 7 mil millones de pesos.

El secreto de Olvera, de acuerdo con la misma CNBV, fue desarrollar un esquema piramidal; es decir, Ficrea otorgaba altas tasas de interés, las cuales no estaban soportadas por altos ingresos por colocación de crédito, sino por una enorme captación proveniente de fuertes inversiones de personas físicas y organismos como el Tribunal de Coahuila.

Inversión ilícita

El expediente filtrado contiene varias constancias de aperturas de depósitos, estados de cuenta del Tribunal de Justicia y las cláusulas de los contratos con las firmas de los involucrados, y en una de ellas se observa una acotación donde se asegura que un organismo público puede celebrar contratos con una sociedad financiera popular.

Pero la Ley de Ahorro y Crédito Popular específica claramente en uno de sus artículos que “Las Sofipo únicamente podrán recibir depósitos de los gobiernos federal, estatales o municipales, ya sea a través de sus sectores central o paraestatal, cuando se ubiquen en los niveles de operaciones III y IV y obtengan autorización de la CNBV”.

Los niveles de operación los asigna el organismo regulador, dependiendo el nivel de activos de la financiera. Pese a tener importantes activos, Ficrea siempre fue una Sofipo con operaciones en nivel I, lo que significa que el convenio de inversión que realizó con el Tribunal Superior de Justicia del Gobierno de Coahuila no se apegó a las leyes financieras.

***

Otros grandes inversionistas que defraudó Ficrea y sirvieron para estructurar su esquema piramidal fueron el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, con 110 millones de pesos, y el Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Naucalpan, con 60 millones de pesos, además de otras empresas privadas y personas físicas.