Javier Trujillo/Milenio
CHILPANCINGO, Guerrero.- La Policía Comunitaria opera desde hace 18 años en las comunidades de la entidad, como auxiliar en materia de seguridad pública, respondió el gobierno del estado de Guerrero, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que ayer martes dijo que los grupos de autodefensa fueron "adoptados" por la autoridad estatal.

Lo anterior al rendir un informe especial sobre el tema, el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva señaló que, por un lado, estos grupos armados fueron y siguen financiados por la autoridad estatal.

Aunque criticó que al mismo tiempo se encarcela a sus integrantes como ha sucedido con Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Bernardino García Francisco, entre otros.

La CNDH reprochó que en Guerrero exista un vacío de poder y una grave situación de violencia que sigue sin contenerse.

De acuerdo con un documento leído por Plascencia Villanueva, de enero a junio del presente año la autoridad estatal transfirió 11 millones 615 mil 914 pesos a los grupos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarios (CRAC) y la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG).

Al respecto el gobierno estatal señaló en su comunicado que la Policía Comunitaria la avala la Ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos indígenas en la entidad.

Detalla que el artículo 37 de la Ley 701 establece que conforme a lo previsto a la Ley 281 de Seguridad Pública del Estado de Guerrero y  al orden de supletoriedad y objeto de la seguridad pública en ella establecidos.

Esta ley confirma el reconocimiento de la Policía Comunitaria, respetando su carácter de cuerpo de seguridad publica auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Consecuentemente, se añade en el escrito que los órganos del poder público y los particulares respetarán sus actuaciones en ejercicio de sus funciones como actos de autoridad, refiere la Ley 701.

Es por ello, se precisa, que el gobierno se Guerrero ha apoyado con equipamiento a la Policía Comunitaria, que trabaja en la legalidad, y no así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tienen un marco jurídico que los regule, finaliza.