Agencias
MÉXICO, D.F.- Mariana Benítez Tiburcio, subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, informó que cuatro de los 34 "policías comunitarios" detenidos un día antes en Michoacán tienen antecedentes penales.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, la funcionaria explicó que entre los capturados está un sujeto que tiene en su contra una averiguación previa en Sinaloa por formar parte del cártel de Jalisco Nueva Generación, informa Milenio.

“Al momento de ser detenido refirió ser Víctor Manuel Ibarra Guerrero; sin embargo, ya en la parte del interrogatorio señaló que se llama Édgar Antonio Rojo Lara”, precisó.

Señaló: “Otro punto que hay que señalar... es que además de esta persona hay otras tres que tienen antecedentes penales”.

—¿Estaríamos entonces ante una nueva expresión de la delincuencia organizada?

—Mire, yo no quisiera... lo que nosotros tenemos ahorita es la existencia de estas personas, presuntamente integrantes de un grupo de autodefensa pero que, por la información y los indicios con que contamos, fueron armadas por un grupo de la delincuencia organizada identificado como el cártel de Jalisco Nueva Generación.

Benítez Tiburcio puntualizó que cuentan con elementos de que se trata de individuos que están vinculados con la delincuencia organizada. “Las armas que portaban son de alto poder y de uso exclusivo del Ejército, se trata de ametralladoras, fusiles AR-15, AK-47, y además estas personas se encontraban a una distancia considerable de la población que decían estar protegiendo”, refirió.

Además, subrayó que “el Estado está abocado” a determinar la existencia de los llamados grupos de autodefensa y saber si tienen vínculos con el crimen organizado.

En la Cámara de Diputados, legisladores del PRI y del PAN condenaron que grupos del narcotráfico financien y escuden a guardias civiles.

Manuel Añorve manifestó que el tipo de armamento que fue confiscado es de gran calibre y solo se puede obtener con la anuencia del crimen.

El priista mencionó que a quienes incurran en estos delitos se les tiene que aplicar todo el peso de la ley, toda vez que son delincuentes que se escudan en organizaciones sin sustento jurídico “y cometen delitos contra la ciudadanía que dicen defender”.

El panista José González Morfín indicó que las tareas de seguridad le deben de competer al Estado y calificó de delicado que los ciudadanos quieran realizar estas tareas.

“Creo que aquí el tema va mucho por lo que hagan o dejen de hacer los gobiernos locales, creo que en algunos casos, se han tolerado el surgimiento de estas guardias comunitarias”, afirmó.