Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- La búsqueda se extendió por más de un año. De manera intensa duró seis meses con el despliegue de hasta 300 federales que peinaron el cerro La Coyota en Zitácuaro, Michoacán.

A "pie tierra" inspeccionaron ríos, barrancas y presas, incluso acompañados por familiares de sus siete compañeros secuestrados en 2009, levantados —como se dice en la jerga policial— por el cártel de La Familia.

Nada. A la fecha no hay rastro de los policías federales que fueron vistos por última vez en una gasolinera de Michoacán.

Ellos forman parte de una lista de 50 agentes y mandos que continúan con el estatus de "desaparecidos" desde el sexenio pasado, en actos del servicio en operaciones contra el narcotráfico entre 2006 y 2012, pero cuya búsqueda ha sido abandonada, admiten funcionarios de la Policía Federal (PF).

Del listado que integran policías primero, segundo, tercero, suboficiales, oficiales, subinspectores e inspectores, la PF tiene "presunción de muerte" de ocho.

Solo 42 beneficiarios y familiares reciben una compensación económica mensual que va de los 13 mil 282 pesos hasta 67 mil (caso de un "alto mando"), según el cargo del federal desaparecido.

Mandos y jefes de la PF aseguran que Rafael Avilés, entonces jefe de la División de Fuerzas Especiales de la desaparecida Secretaría de Seguridad Pública federal, tenía asignada la misión de encontrar a los desaparecidos "por orden emitida desde arriba".

"La SSP federal no podía darse el lujo de que sicarios y narcotraficantes demostraran la vulnerabilidad de la institución 'estrella' del sexenio calderonista, secuestrando y matando a policías y jefes", comentan los funcionarios que siguen en activo, ahora en la Comisión Nacional de Seguridad.

La lista de los 50 desaparecidos fue encabezada por un suboficial secuestrado el 4 de diciembre de 2006 en Tijuana, Baja California, a quien le siguieron otros 49 servidores públicos de la PF, de cuyo paradero no hay pista alguna.

Los policías tercero Julián Hermosa Cornejo y Fabián Mendoza Rosales estaban adscritos al campamento de la PF en el Parque Nacional Barranca de Cupatitzio, en Uruapan, Michoacán. El 5 de agosto de 2008 salieron del cuartel y nada se sabe de ellos.

La misma suerte acompañó a seis de sus colegas levantados en 2009 en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el Distrito Federal.

En la PF las luces rojas se encendieron hasta el 16 de noviembre de 2009, cuando fueron secuestrados Juan Carlos Ruiz Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime Humberto Ugalde Villena y Víctor Hugo López Lorenzo.

Estaban a bordo de una Suburban y desaparecieron cuando cargaban gasolina en Ciudad Hidalgo, Michoacán, junto con un civil que les rentó la camioneta. Tres de ellos tenían el cargo de policía tercero, uno de policía primero, uno de policía segundo y dos eran suboficiales.

Son los únicos agentes de la PF por los que el gobierno federal ofreció hasta 10 millones de pesos de recompensa a quien aportara datos para "dar con su paradero", lo que explica, dice uno de los mandos consultados, el "interés presidencial por que este caso no quedara impune y no diera la impresión de que la guerra la estaba ganando un cártel".

En el periodo de búsqueda entre 2009 y 2010 hubo falsas alarmas, inclusive se creyó que ocho personas halladas calcinadas en una camioneta en San Juan del Rio, Querétaro, eran las víctimas.

La maquinaria burocrática se mantiene, pues la PF asegura que continúa "trabajando de manera coordinada" con familiares y beneficiarios para determinar el estatus jurídico de los agentes desaparecidos, cuyos familiares viven en un limbo legal y emocional.

Pasó el tiempo, las búsquedas "intensas" se diluyeron y hubo cambio de administración; hoy se asegura que durante este sexenio no hay federales desaparecidos, las víctimas son de la anterior gestión.