Por falta de acuerdo vence prórroga de Mexicana
La juez que lleva el concurso mercantil da por terminado el plazo de forma anticipada.
Agencias
MÉXICO, D.F.- El Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil dio por terminada “anticipadamente la ampliación a la prórroga del periodo de conciliación” en el caso del concurso mercantil de Mexicana MRO.
El nueve de octubre otorgó una prórroga de 90 días para encontrar una solución. “La prórroga vence el día de hoy a las 24 horas", informó el juzgado.
Lo anterior al no haber llegado a un acuerdo consensado entre los principales acreedores, ayer en el juzgado. La división sobre la participación accionaria entre ellos y los dueños actuales de la base de mantenimiento de MRO impidió llegar a un acuerdo, dio a conocer Milenio.
Los acreedores propusieron a Mexicana MRO y a sus accionistas, consolidar los créditos de los que son titulares. Además de que el acreedor consolidado sería un fideicomiso, para este fin, Banjército será el fiduciario.
Los acreedores Banorte, Bancomex y el AICM, manifestaron su negativa a aprobar todas las propuestas presentadas por la comerciante y sus accionistas.
El fideicomiso tendría como fin administrar y en su momento vender activos del mismo en beneficio de los trabajadores.
Antecedentes
El 31 de octubre, el director del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), Alfonso Sarabia, explicó que el fideicomiso contaría con 190 millones de dólares para el pago de jubilados y trabajadores.
Agregó que esta propuesta de transformar los adeudos en acciones, permitiría a MRO de Mexicana salir del concurso mercantil.
Banorte, Bancomext, Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), a través del Aeropuerto de Guadalajara y la terminal capitalina concentran el 92 por ciento de los créditos de la empresa MRO, posible porcentaje con la que se convertirían en accionistas de la misma.
Un día antes, el 30 de octubre, la parte comerciante y los acreedores de Mexicana MRO acordaron de forma unánime capitalizar la deuda.
El 9 de octubre las partes involucradas pidieron una prórroga por 90 días para encontrar una solución a la reestructura de la deuda, misma que fue concedida por la juez Edith Alarcón.