Agencias
MÉXICO, D.F.- El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, aseguró que a partir del 15 de mayo los estados y municipios con problemas severos de inseguridad comenzarán a recibir 70 por ciento de los recursos adicionales que autorizó el Congreso.

Al reunirse en sesión de trabajo con integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, dijo que comenzarán a fluir a las entidades, incluidas en las 57 demarcaciones que presentan graves problemas de delincuencia, los recursos adicionales autorizados que ascienden a dos mil 500 millones de pesos, según publica Notimex.

Campa Cifrián recordó que en esas 57 demarcaciones se incluyen las delegaciones Iztapalapa y Gustavo A. Madero, del Distrito Federal; siete zonas metropolitanas, como Monterrey, Guadalajara, La Laguna, Veracruz, Cuernavaca y Tampico, así como 48 municipios.

Detalló que en ellos se han establecido 250 polígonos, en donde están incluidas mil colonias de todo el país donde se han focalizado problemas de violencia, las cuales serán rescatadas con acciones sociales.

Reconoció que "la crisis de seguridad que se está viviendo en muchas regiones del país tiene dos componentes": el primero tiene que ver con la aplicación de la ley, la integración de las corporaciones policiales y ministerios públicos.

Los recursos adicionales ascienden a 2,500 mdp para focalizarlos en 57 demarcaciones determinadas

En tanto, agregó, el segundo prevé la crisis de seguridad desde el aspecto social, es decir, el campo educativo, cultural y el aprovechamiento del tiempo libre.

Por otra parte, el funcionario rechazó que exista una estrategia de parte del gobierno federal para ocultar la información sobre la inseguridad que existe en el país.

"Al contrario se han integrado observatorios ciudadanos e independientes conformados por universidades y ONG, que dan seguimiento con una metodología previamente establecida para evaluar las acciones que se están llevando a cabo para combatir al crimen organizado."

En su exposición subrayó que el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia dispone de 115 mil millones de pesos para financiar las acciones conjuntas de nueve secretarías de Estado, así como dos mil 500 millones adicionales para focalizarlos en 57 demarcaciones definidas ya por el Ejecutivo federal.

Precisó que 70 por ciento de los recursos serán entregados a las entidades federativas y aseguró que habrá una permanente rendición de cuentas sobre esos fondos presupuestales.

Campa Cifrian puntualizó que en el programa de prevención participarán las secretarías de Gobernación, Hacienda, Desarrollo Social, Educación, Salud, Economía, Desarrollo Urbano, Trabajo y Comunicaciones, coordinadas por una Comisión Intersecretarial creada ex profeso.

El diputado perredista Trinidad Secundino Morales Vargas le cuestionó al funcionario federal que en los estados del norte no han disminuido los índices de violencia, sino que "ya no se publican" y no se conocen realmente las condiciones de seguridad en los municipios.

A lo cual Roberto Campa respondió que se trabaja con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que los planes de acción tengan indicadores que permitan darles seguimiento.

La representante del PRI, María Elena Cano Ayala, manifestó sus dudas ante la forma de evaluación y la falta de profesionalización policiaca, a lo que respondió que los legisladores deberán revisar la ley para cubrir la insatisfacción con los esquemas de evaluación basados en el polígrafo.

Sonia Rincón Chanona, de Nueva Alianza, le preguntó al subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana sobre los programas implementados en la zona fronteriza sureste, para evitar trata de personas, violencia y tráfico de enervantes.

Al respecto, él explicó que más de la mitad de la gente que se detiene en la parte más activa de la frontera es centroamericana, por lo que se encuentra trabajando de manera coordinada con el Instituto Nacional de Migración (INM) para prevenir la violencia en la zona.

Rocío Esmeralda Reza Gallegos, de acción Nacional, aseveró que la violencia en México tiene que ver con un asunto de desigualdad, más que con pobreza, por lo que el gobierno debe redireccionar la política social, pues no se logrará abatir la violencia con la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El funcionario de la Secretaría de Gobernación coincidió con esta postura y señaló que las zonas de violencia son muchas veces polos de desarrollo, como Ciudad Juárez, Acapulco y La Laguna, que han vivido etapas de desarrollo desigual.

El funcionario coincidió también con el punto de vista del diputado priista Raúl Macías Sandoval, quien destacó la importancia de la prevención y corrección en el combate a la violencia, ya que no puede haber desarrollo económico de ninguna clase si no hay seguridad; y la inseguridad la genera el crimen organizado.

Luego en entrevista, expuso que los municipios en donde existen las llamadas guardias comunitarias no fueron considerados en la estrategia de seguridad del gobierno federal, ya que los niveles de criminalidad no son muy altos, y la estrategia de la actual administración se enfoca en las zonas con mayor violencia en el país.

Afirmó que en la lucha contra la delincuencia organizada se deben hacer a un lado los factores partidistas y de colores; y agregó que en esta estrategia es fundamental la participación de la sociedad, con el fin de fortalecer el Estado de derecho.