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CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo parlamentario del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México presentó una iniciativa para que las corridas de toros queden prohibidas en la capital del país.

“Y es que las corridas de toros es lo más retrógrado, precario y arcaico que tenemos como civilización”, indicó Alessandra Rojo, vicecoordinadora del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México.

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De acuerdo con Noticieros Televisa, en conferencia de prensa, se explicó que el proyecto propone reformar la ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y establecer que en la Ciudad de México queda prohibida la celebración y realización de espectáculos públicos en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros.

“Establecer que se va sancionar con el equivalente a 8 mil veces la unidad de cuenta de la Ciudad de México vigente, que es aproximadamente de 644 mil 800 pesos a quien celebre y realice clandestinamente espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros”, señaló Teresa Ramos, coordinadora del PVEM del Congreso de la Ciudad de México.

Aunque la incitativa es local, los legisladores buscarán tener un censo sobre el número de toros de lidia que hay en todo el territorio nacional.

“La próxima semana estaremos presentando un punto de acuerdo, con el objetivo de tener certeza sobre la cantidad de toros de lidia que existen en todo el país. Esto nos servirá de base para proponer soluciones concretas al destino que pueden y deben tener estos animales”, informó Alessandra Rojo, vicecoordinadora del PVEM en el Congreso de la Ciudad de México:

“En este caso no va pasar nada con los toros porque no hay ganaderos o no hay ganaderías en la ciudad de México, es decir, este gremio no se vería afectado ahorita con el tema de toros, eso será un tema federal”, explicó Jesús Sesma, PVEM.

La propuesta prevé realizar foros para escuchar a los interesados, además de que, en caso de aprobarse la iniciativa, la prohibición de la llamada fiesta brava entraría en vigor seis meses después de que se publique.