Vinculan a proceso excolaborador de Rodrigo Medina

El exfuncionario Alberto Salinas habría liberado contratos con un valor total mayor a los 28 millones de pesos.

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Alberto Salinas Guerra se desempeñó como Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico durante el gobierno de Rodrigo Medina. (Imagen tomada de posta.com.mx)
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Agencias
MONTERREY, Nuevo León.- Por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas fue vinculado a proceso, Alberto Salinas Guerra, quien se desempeñaba como Coordinador General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico.

El Juez Miguel Ángel Eufracio Rodríguez resolvió que el exfuncionario de la administración de Rodrigo Medina de la Cruz llevó a cabo acciones que no estaban dentro de las facultades del cargo que desempeñaba, informa el portal de Excelsior. 

La audiencia se realizó, la mañana de éste lunes, en las instalaciones del Palacio de Justicia de Monterrey.

El monto de las órdenes que liberó el exfuncionario fue por  28 millones 420 mil pesos de recursos estatales.

El juzgador consideró que Salinas Guerra firmó cinco contratos de prestación para la armadora coreana KIA con el despacho de abogados Santos Elizondo.

Los contratos fueron efectuados, dos en el 2014, y los restantes tres en el 2015.

También Salinas Guerra autorizó 12 órdenes de pago para la firma de abogados, ya señalada.

Hizo lo que no debía 

El excoordinador general de Administración y Finanzas de la Secretaría de Desarrollo Económico, es otro de los ex funcionarios de la administración pasada, relacionados con el presunto desvío de tres mil 680 millones de pesos en beneficios fuera de la ley otorgados a la armadora establecida en Pesquería.

"No estaba facultado para realizar esos contratos y esas autorizaciones de pago”, señaló el juez.

Dichas acciones, dijo que era atribuciones exclusivas del secretario de Economía y no estaban sujetas a ser delegadas a alguien más.

Aparte de que con las firmas de autorización de pago se estaban comprometiendo esos recursos públicos. 

"Estos hechos la ley los señala como delito, el delito de ejercicio indebido”, explicó.

Como medida cautelar se le impuso que se presente cada 15 días a estampar su huella dactilar.

El juzgador fijó como cierre de la investigación el 16 de enero del año entrante.

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