Sanciona Profeco a 600 tortillerías por vender kilos incompletos

En lo que va del año la Profeco ha verificado dos mil 300 establecimientos de este tipo en todo el país.

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Un funcionario de Profeco coloca sellos de suspensión de actividades a una tortillería, por irregularidades en la venta del producto. (Notimex)
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Agencias y SIPSE.com 
CIUDAD DE MÉXICO.- Por diversas irregularidades, en perjuicio del público, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) impuso sellos de suspensión de actividad comercial en  600 tortillerías del país, principalmente por no tener precios a la vista, no respetar el precio exhibido y detectar básculas que no venden kilos completos.

La Profeco ha reforzado su monitoreo en tortillerías para detectar irregularidades y en lo que va del año, se han verificado dos mil 300 establecimientos de este tipo en todo el país, informa la agencia Notimex.

En nota aparte informamos que los dos primeros meses del año, la Profeco aplicó en Mérida, Yucatán, 30 clausuras temporales a tortillerías, por aumentar el precio del  kilogramo de este producto.

Y es que, desde enero pasado, algunos molinos y tortillerías utilizaron como pretexto el incremento a la gasolina, gas LP, maquinaria, luz e insumos para vender el producto con alza de precio. A la par del aumento al precio de este producto, en ocasiones ofrecen kilos incompletos, ya que los dependientes alteran las máquinas despachadoras, lo que se traduce en un “golpe” a la economía.

Manipulación de precios en SLP

Asimismo, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) aprobó la denuncia por presuntas prácticas de manipulación en los precios de la masa hacia la Unión Potosina de Industriales de la Masa Tortilla y Similares de San Luis Potosí.

Lo anterior, luego de que el pasado 12 de enero, el presidente de dicha agrupación anunció un incremento del precio del kilo de la tortilla de 13.00 a 15.50 pesos, lo cual representó un aumento concertado de 19 por ciento en dicha entidad.

En un comunicado, el procurador Ernesto Nemer mencionó que se trata de una denuncia preferente al pretender este grupo de productores ponerse de acuerdo para fijar precios que no corresponden a los equilibrios del mercado y que afectan la economía de los consumidores.

Refirió que se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios o arreglos de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta, división o segmentación de mercados.

Dijo que no puede trasladarse el mismo porcentaje de ajuste en los combustibles al precio directo de artículos de la canasta básica, particularmente en el caso de la tortilla, ya que de acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) se deben analizar los componentes del precio por cada producto y región.

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