Milenio
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El presidente de la Comisión Especial para la Reforma del Estado, el panista José María Martínez, propuso robustecer la iniciativa 3de3, con el fin de combatir la corrupción; además pidió que se incluya a los líderes nacionales, estatales y municipales de los partidos políticos como sujetos obligados para presentar su declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses, así como que los servidores públicos renuncien al 'secreto bancario'.

'Que los servidores públicos que estamos obligados a presentar una declaración, no solo cumplamos con la 3de3, sino que renunciemos al secreto bancario, que no tengamos ese privilegio los funcionarios, con motivo de la protección de datos en virtud de que hoy requerimos darle confianza a la gente', expresó.

En entrevista con MILENIO, el legislador del PAN también propuso que los empresarios que participen en negocios, contratos, licitaciones y adjudicaciones con los gobiernos federal, estatal y municipal también estén obligados a presentar su declaración patriomonial.

El senador José María Martínez consideró que si no se mete a los empresarios en este escrutinio 'vamos a seguir en las mismas circunstancias'.

Aseguró que las comisiones encargadas de elaborar el dictamen de la iniciativa ciudadana para crear la Ley General de Responsabilidades Administrativas deberán incluir algunos contenidos para que la declaración fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses de los servidores públicos tengan alcances que logren una traducción real económica en el combate a la corrupción.

Propuesta

La propuesta del legislador, que presentó hace unos días a través de un punto de acuerdo, incluye cinco temas esenciales, entre los que destacan: que los sujetos obligados renuncien al 'secreto bancario', que uno de los requisitos para ser candidato a un cargo de elección popular sea la declaración 3de3, y que en la declaración de los sujetos obligados se informe sobre la situación patrimonial de los últimos 10 años.

Asimismo, consideró que los servidores públicos realicen una solicitud de anuencia a los 32 registros públicos de la propiedad y el comercio para que estos, a su vez, remitan a la Secretaría de Hacienda o al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el patrimonio y el de sus familiares hasta cuarto grado.

Martínez afirmó que si los servidores públicos y legisladores no dan a conocer su patrimonio, solo declararán lo que más les convenga; 'debemos darle esta complementariedad para que verdaderamente sea un muy buen sistema anticorrupción que le dé confianza a la gente, que combata a los corruptos, que los meta a la cárcel, pero sobre todo, que eficiente toda la tarea que nos toca en lo administrativo del gobierno federal, local o municipal para que el dinero de los mexicanos sí se traduzca en bienes y servicios que le den beneficio'.

El legislador confió en la voluntad política de todos los partidos políticos para sacar adelante la ley antes del 30 de abril; 'esperemos que haya coincidencia en quienes hemos planteado la necesidad de irnos a un periodo extraordinario'.

Insistió que si los mexicanos queremos combatir al flagelo de la corrupción, 'no solo debemos limitarnos a una propuesta rabona, sino hacer un verdadero plan de prevención contra la corrupción y evitar que el Sistema Nacional Anticorrupción en ciernes termine siendo una Secretaría de la Función Pública', ya que se trata de implementar un verdadero combate a la corrupción y no solo aumentar los requisitos para ingresar al servicio público.