Agencias
MÉXICO, DF.- La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados analizará equiparar las agresiones por escrito, teléfono o cualquier medio de comunicación o reproducción, incluidos medios electrónicos, carteles y mantas, con el delito de amenazas, toda vez que afecta la seguridad humana.

Con reformas al artículo 282 del Código Penal Federal, el diputado del PAN Carlos Humberto Castaños busca que cualquier manifestación que implique un riesgo en la seguridad de las personas, o bien difundan información falsa con dolo, serán puestas a la vista del Ministerio Público por medio de una querella.

En esos casos, abunda la iniciativa, se impondrá una sanción de seis meses a un año de prisión o de 180 a 360 días multa y 400 jornadas de servicio a la comunidad, según informa Milenio.

La iniciativa destaca que en México no existe una definición de seguridad humana como tal, pero tanto la Constitución como diferentes disposiciones jurídicas contienen principios claros que reflejan el interés por el desarrollo del individuo como ente principal de la actividad del Estado.

En México no existe una definición de seguridad humana como tal

Menciona que la seguridad humana se preocupa mayormente por la certidumbre de los individuos y las comunidades, con temas como la violencia y todas aquellas situaciones que rompen con la vida cotidiana.

Por ello, “se tiene que dar a las personas seguridad contra amenazas u obstáculos tanto no violentos como violentos”.

El panista resaltó que de acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), esta seguridad implica la protección de las personas de las amenazas a sus derechos, su seguridad y su vida.

“Dentro de este concepto se considera como una afectación grave aquellas amenazas ante las que se queda completamente indefenso, como son las acciones dolosas que con toda la convicción e intención contra la víctima, sobre todo en los casos de falsa o de mala fe o el abuso de poder”, refirió.

Asimismo, indicó, aquellas que imponen una dictadura basada en mentiras destinadas a lastimar el buen nombre de una persona o afectar el patrimonio o la vida cotidiana de las personas por intolerancia a su forma de vida, creencia religiosa, ideología política o con la finalidad de impedir una justa acción.