Humberto Ríos Navarrete/Milenio
MÉXICO, D.F.- Un grupo de 35 prostitutas y transgéneros, integrantes de dos cooperativas, celebró el amparo "definitivo" que las reconoce como trabajadoras "no asalariadas" y les da acceso a beneficios que debe otorgar el Gobierno del Distrito Federal, como cursos y talleres gratuitos.

La abogada Bárbara Zamora consideró este suceso como "una revolución jurídica", pues sienta precedente para que otros se acojan a ese derecho constitucional.

Las beneficiadas por el amparo, acompañadas por integrantes del colectivo Brigada Callejera, que coadyuvaron a la culminación del proceso, festejaron "el triunfo" en una estrecha oficina de la colonia Roma.

Ahí, transgéneros denunciaron que han sido víctimas de extorsiones por parte de policías preventivos, con el pretexto de aplicar la Ley General contra la Trata de Personas.

"El meollo es que no haya explotación sexual ni mantener a padrotes ni lenones", dijo Rosario García, de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, en referencia al veredicto de una jueza en materia Administrativa, que concedió el amparo a un grupo de sexoservidoras gracias "a la perseverancia de Bárbara Zamora y el bufete Tierra y Libertad".

En conferencia de prensa, a la que asistieron transgéneros y prostitutas, jóvenes y de edad avanzada, Zamora recordó que el 20 de febrero del año pasado iniciaron una demanda de amparo contra el jefe de Gobierno, de la Asamblea Legislativa y de la Secretaría del Trabajo del DF.

Fue entonces que la jueza concedió el recurso "que habían solicitado al gobierno capitalino para que les expidiera las credenciales de trabajadoras no asalariadas, para que de esta manera los policías, los inspectores y los agentes ministeriales no las extorsionen económicamente, agredan física y verbalmente e intimiden al realizar su trabajo", situación que viven de manera cotidiana.

Zamora mencionó que las autoridades del Trabajo no respondían su petición, de modo que optaron por ampararse y solo así respondieron, pero su respuesta fue en el sentido de que no era posible darles credenciales, pues en la Ley de Cultura Cívica se establece como una falta administrativa.

Contra esa réplica se volvieron a amparar y se les concedió, "de manera total", contra los actos que reclamaron, "lo que resulta contrario al derecho de las personas de elegir el trabajo que más les acomode (...), y se le ordenó al subdirector de Trabajo no Asalariado expedir las credenciales, con la finalidad de que realicen su trabajo" de manera libre, sin ser agredidas ni intimidadas.

Así, la autoridad debe ofrecer "cursos y talleres gratuitos para que puedan tener otra alternativa laboral a efecto de que en su caso puedan, si así lo desean, dedicarse a otros oficios o, si eligen la prostitución la ejerzan sin presión ni explotación".

"En los operativos nos agarraban tiro por viaje. Salíamos del hotel y nos agarraban con los clientes. Ahora ya no será así", dijo una prostituta de 62 años.