Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- Un tribunal federal puso fin al juicio que emprendió la PGR contra Marco Mejía López, a quien se acusó de participar en el asesinato del general Mauro Enrique Tello Quiñones.

MILENIO tuvo acceso a la sentencia dictada el pasado 10 de octubre por un tribunal de Nayarit, el cual ratificó que el ex director de la cárcel municipal de Cancún no participó en el homicidio del militar ocurrido el 3 de febrero de 2009 y mucho menos tiene nexos con Los Zetas.

Mejía fue acusado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada cuando era dirigida por Marisela Morales.

El pasado 31 de julio la juez Laura Serrano resolvió que Mejía no era culpable de los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

Un día después el exfuncionario abandonó el penal federal El Rincón, en Tepic, donde pasó más de cuatro años por declaraciones que hicieron en su contra los testigos protegidos con nombre clave Pitufo y Paco.

Mejía contrató a los abogados Rodolfo de la Guardia y Verena Ventura, quienes han podido excarcelar a más de 20 personas que fueron responsabilizadas por la PGR de tener vínculos con el crimen organizado.

Marco Mejía fue colaborador de Andrés Manuel López Obrador, cuando este último fue jefe de Gobierno del DF; en esa época se desempeñó como titular de la Subdirección Operativa y de Servicios, que dependía de la Coordinación de Logística, a cargo de Nicolás Mollinedo, Nico.

El ex funcionario fue director de la cárcel municipal de Cancún durante la administración de Gregorio Sánchez.

A Mejía se le acusó de permitir el ingreso de droga a la cárcel municipal y de autorizar la salida de presos para la comisión de delitos a favor de Los Zetas.

Por lo que hace a la acusación del delito de homicidio en agravio del general Mauro Enrique Tello Quiñones, éste fue desechado por la vía de la apelación por un tribunal unitario, que determinó que no existe pruebas que vinculen al ex funcionario con el asesinato.

Durante su proceso penal, Mejía López acreditó que los señalamientos vertidos por los testigos de la PGR eran falsos.