Agencias
MÉXICO, D.F.-  Por unanimidad, la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen que expide la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal, que regulará la vida en los reclusorios de la Ciudad de México para coadyuvar a la recuperación social de los internos en dichos penales.

Según el documento avalado con 38 votos, las cárceles locales "han sido históricamente una fuente de violaciones a los derechos humanos de los internos" como "el hacinamiento, suministro insuficiente de agua, negligencia médica, desabasto de alimentos, tortura y corrupción por parte del personal penitenciario", publica Notimex

También precisa que hasta el 9 de noviembre del 2012 los prisiones capitalinas tenían una población de 42 mil 181 internos, cuando la infraestructura con la que se cuenta es únicamente para 22 mil 453 espacios para internos, por lo que la sobrepoblación es del 87.86 por ciento.

Al hablar a favor, la presidenta de la Comisión Especial de Reclusorios, Olivia Garza, afirmó que se busca la reinserción social de los reclusos, el respeto a sus derechos humanos, acceso a la salud y al trabajo, así como combatir la corrupción en los centros penitenciarios.

Histórico

"Por primera vez en la historia nacional se tiene un marco legal que regule la vida en los reclusorios, que vele por la reinserción social, el respeto a los derechos humanos, el acceso a la salud y al trabajo, básicos para la recuperación social de los internos", señaló Garza.

La disputa del PAN indicó que se pretende reducir el hacinamiento en los dormitorios de ingreso con una distribución equitativa de espacios en las estancias", y que los internos hagan llamadas telefónicas, así como actividades físicas al aire libre dos horas diarias.

Garza de los Santos sostuvo que la ley incluye medidas para que "los reclusos puedan recibir a su visita en condiciones dignas sin realizar algún pago", y se ordena al personal de seguridad y custodia que realice su labor "de manera eficaz y con pleno respeto a los derechos humanos".

Además, contiene acciones para garantizar el abasto de agua potable; adquirir y distribuir ropa para los internos, y así como para investigar denuncias de los internos respecto al encierro en la llamada "jaula" por no pagar el pase de lista, detalló la asambleísta de Acción Nacional.