Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno federal tomó nota de las recomendaciones de Amnistía Internacional (AI) en el capítulo México de su informe "La situación de los derechos humanos en el mundo" y reconoció el papel de las organizaciones de la sociedad civil en la materia.

En un comunicado conjunto, divulgado por Notimex, las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE), Gobernación (Segob) y la Procuraduría General de la República (PGR), reafirmaron su "compromiso ineludible" con los derechos humanos y que continuará el trabajo del gobierno mexicano para atender las asignaturas pendientes. 

Las tres dependencias reconocieron los desafíos que se enfrentan en materia de derechos humanos, y asumieron el compromiso para dar respuesta a cada uno de ellos. Así, en el rubro de ejecuciones extrajudiciales, precisó que el 6 de julio de 2016, la PGR atrajo la investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, por los hechos ocurridos en Nochixtlán.

Mientras que la Segob ha mantenido comunicación con las víctimas y familiares para garantizar la asistencia y atención correspondientes para la reparación del daño, por lo que “el Estado reiteró su sólido compromiso de esclarecimiento de los hechos y la sanción a los responsables en los casos Tanhuato, Tlatlaya y Apatzingán”.

Refirió que en todos los casos hay investigaciones, detenidos y procesados, al tiempo que resaltó el compromiso con la reparación a las víctimas y para evitar la repetición de sucesos similares.

Apoyo irrestricto

En torno al caso Ayotzinapa, sostuvo que no ha cesado la colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso de los estudiantes desaparecidos de la normal rural de Guerrero, e incluso se reconoció la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo mandato concluyó en abril de 2016.

Expuso que para julio de 2016, se acordó con los padres y representantes de las víctimas, así como con la propia CIDH, la creación de un mecanismo de seguimiento a las medidas cautelares dictadas por la Comisión.

El mecanismo, que cuenta con el apoyo irrestricto del gobierno, es coordinado por el relator de país, comisionado Enrique Gil Botero, y a la fecha ha llevado a cabo dos visitas, de acuerdo con el plan de trabajo correspondiente.

Además, a lo largo del año se llevarán a cabo seis visitas más, en adición al seguimiento que dará la Comisión en sus períodos de sesiones.

Prevención de tortura

Respecto a los casos de tortura, el gobierno de la República reiteró su rechazo más absoluto a ese tipo de actos y refrendó su compromiso para prevenir su comisión y sancionar a los responsables, para lo cual se han puesto en marcha políticas y acciones encaminadas a su combate.

Ello, dijo, incluye no sólo protocolos de actuación y fortalecimiento institucional, sino también la consideración en el Congreso de la Unión del proyecto de Ley General en la materia.

Confió en que próximamente el legislativo apruebe la Ley General para que, una vez en vigor, ayude a prevenir, combatir y sancionar el delito de tortura de manera homologada en todo el país, y de acuerdo con los más altos estándares internacionales.

De igual forma, aceptó que la desaparición de personas en México plantea retos muy importantes y se reiteró el compromiso de hacerle frente de forma decidida.

Resaltó las mejoras continuas que realiza al Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas, además de la puesta en marcha de mecanismos de investigación y búsqueda, como el Protocolo Homologado aplicable a todas las procuradurías y fiscalías del país.

También la creación, a fines de 2015, de la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PGR.

En tal sentido, hizo votos porque el Congreso de la Unión apruebe próximamente la Ley General en la materia, que permitirá fortalecer la prevención de las desapariciones, al tiempo que mejorará la capacidad de búsqueda y homologará los tipos penales.

Asimismo, permitirá al Poder Judicial –como único órgano responsable para fincar responsabilidades– fortalecer sus actuaciones en la materia.

Trabajo continuo

Más adelante, el gobierno de la República reafirmó su compromiso para atender la compleja situación en materia de seguridad pública que plantea la presencia de la delincuencia organizada, al reiterar que las Fuerzas Armadas coadyuvan a esta tarea de forma complementaria y temporal.

Lo anterior, a petición expresa, fundada y motivada de las autoridades civiles, y con el fin de salvaguardar el Estado de derecho y las instituciones democráticas.

Además, las fuerzas armadas trabajan continuamente para mejorar su capacitación en materia de derechos humanos y en el uso de la fuerza, de acuerdo con estándares internacionales.

Más adelante, resaltó su más amplio reconocimiento a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, al rechazar categóricamente cualquier acto que busque afectar sus derechos o su integridad.

Faltan datos

Al abordar el rubro de violencia contra mujeres y niñas, señaló que el país cuenta con un marco normativo y programático para atender y enfrentar este fenómeno, incluyendo a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida libre de Violencia.

Coincidió con el informe de Amnistía Internacional en el sentido de que la falta de datos precisos, actualizados y desglosados sobre violencia de género constituye un importante obstáculo para abordar el problema.

No obstante, México es un líder regional en la producción de datos indicadores desagregados, ya que cuenta con un Sistema de Indicadores de Género integral que aborda los componentes demográficos básicos e información desagregada de temas generales.

Atención a indígenas

Sostuvo que para el Gobierno de México el respeto a los derechos de la población indígena, así como la superación de sus rezagos sociales, son una tarea y compromiso irrenunciable de las instituciones.

Por ello, diseña y promueve la política pública para la atención de la población indígena y la vigencia de sus derechos y da prioridad al derecho a la consulta previa, libre e informada a comunidades y pueblos indígenas.

Destacó el constante apoyo de México al Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Recordó que durante la profunda crisis financiera tanto de la CIDH como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) sufrida en 2016, México tomó el liderazgo para proponer una solución de largo aliento, que permita asegurar recursos previsibles y financiamiento sostenible al trabajo que realizan dichos órganos.

La propuesta, anotó, se encuentra en discusión en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y se espera que sea aprobada en la próxima sesión de la Asamblea General de ese organismo, en junio próximo.