Isidoro Yescas/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La dinámica de presión-movilización de los trabajadores de la educación agrupados en la CNTE, iniciada semanas antes de la jornada electoral del 5 de junio, ha entrado en una fase de mayor tensión social y política que solo parece tener dos salidas: un recrudecimiento de las hostilidades entre los grupos movilizados y los gobiernos federal y estatales, o la apertura de espacios de diálogo y negociación que destrabe el nudo gordiano en el que se ha convertido la aplicación no consensuada de la reforma educativa.

Si el gobierno federal y los gobiernos estatales de Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, fundamentalmente, han sido inflexibles y hasta drásticos en la instrumentación de la citada reforma, una respuesta similar se ha observado entre la mayoría de maestros y trabajadores de las secciones disidentes del SNTE, quienes han recurrido a la suspensión parcial o total de actividades docentes y administrativas, y actos de protesta de diversa índole y belicosidad para oponerse a una reforma que, a dos años de su aprobación, no ha mostrado resultados tangibles para mejorar la calidad educativa de la enseñanza básica en el país.

Me detengo en lo que viene ocurriendo en Oaxaca, porque es en esta entidad en donde empieza a configurarse un escenario de protesta no solamente magisterial, sino social y política, similar a lo que tuvo lugar en la entidad en el año 2006.

En un reciente libro publicado por el Colegio de México, titulado El pueblo ensaya la revolución, la APPO y el sistema de dominación oaxaqueño, su autor, Marco Estrada Saavedra, se ocupa de revisar y analizar a profundidad el significado y trascendencia de este movimiento que prendió la chispa insurreccional en junio del 2006, precisamente por un intento fallido de la policía del gobierno de Ulises Ruiz para desalojar el plantón magisterial instalado en el zócalo de la ciudad de Oaxaca.

Hoy son también los agravios infringidos al magisterio por el gobierno federal, vía SEP y PGR, y el gobierno de Gabino Cué, vía el "nuevo Ieepo", el principal factor que no solamente ha revitalizado a un movimiento sindical disidente que parecía ya derrotado, sino que ha detonado un movimiento social que, al igual que en 2006, ya está polarizando a la clase política y a la sociedad oaxaqueña.

Dirigentes empresariales, comerciantes afectados por el plantón instalado en el centro de la ciudad capital y legisladores de PRI y PAN, así como la mayoría de los medios de información locales, han cerrado filas con el gobierno federal y estatal. En cambio, las organizaciones sociales y no gubernamentales, el PRD y Morena —colocado como segunda fuerza electoral por el impulso final del voto magisterial— y habitantes de decenas de comunidades indígenas se han sumado en apoyo a las demandas de rechazo a la reforma educativa, cese a los despidos de maestros y liberación de sus dirigentes.

Inmerso desde la segunda mitad del siglo pasado en un sistema de dominación caciquil y patrimonialista, que prácticamente quedó incólume durante el primer gobierno de alternancia que encabezó Gabino Cué, Oaxaca es de nueva cuenta escenario de conflictos y movilizaciones, que tiene como eje articulador la rebeldía magisterial, pero en donde están confluyendo diversas expresiones políticas y sectores sociales a nivel regional y municipal que también se sienten agraviados por la falta de empleo, la crisis en el campo y el abandono oficial.

Frente al riesgo que el gobierno de Peña Nieto tense aún más el conflicto con nuevos despidos y encarcelamientos de líderes magisteriales, y el movimiento antigubernamental crezca y se radicalice, es necesario llamar a las dos partes a la prudencia y al cese de hostilidades.

Un camino ya recorrido entre la dirigencia magisterial de Oaxaca y el gobierno federal ha sido la negociación en lo oscurito y el otorgamiento de prebendas. Hoy, esa vía debe quedar cancelada para explorar nuevas opciones que necesariamente conduzcan a revisar las fortalezas y debilidades de la Ley Estatal de Educación, como también debe hacerse con el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca (PTEO), que pretende implantar la sección 22 del SNTE.

Un proceso similar debe seguirse con el aparato educativo estatal denominado nuevo Ieepo, cuyo decreto de creación —y su mismo funcionamiento— observa serias inconsistencias de carácter legal y administrativo que podría dar pie para promover su inconstitucionalidad. Pensar en una verdadera reforma educativa implicaría también valorar la conveniencia de atacar de fondo el problema sustituyendo al nuevo Ieepo, convertida ahora en una mera Oficialía de Partes de la SEP, por una Secretaría de Educación a nivel estatal, tal como ya existe en la mayoría de las entidades del país.

El gobernador electo, Alejandro Murat, ha manifestado su disposición a dialogar con la dirigencia de la sección 22 del SNTE; sin embargo, frente al riesgo de una mayor crispación social y una respuesta represiva del Estado, tal parece que Murat Hinojosa tendrá que aplicarse desde ahora para enviar señales claras al magisterio, y a la sociedad en general, que sí se puede cambiar Oaxaca con diálogo, apertura institucional y respeto a las leyes y a los derechos ciudadanos.

Desde la Cámara de Diputados y el Senado los legisladores también deben apresurarse a tender puentes de entendimiento y arreglo institucional entre las partes en conflicto para no tener que lamentar un nuevo ciclo de ingobernabilidad con todas las consecuencias políticas, económicas y sociales que esto acarrearía para los oaxaqueños y oaxaqueñas.