Agencias
GUERRERO.- El gobierno estatal y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (Upoeg) reiniciaron el diálogo encaminado a regular a más de 5 mil elementos de la Policía Ciudadana, que a un año de su creación opera en 15 municipios de la Costa Chica y dos de la región Centro.

En la primera charla que se realizó la mañana del lunes en Palacio de Gobierno, las dos partes retomaron la propuesta de integrar una Comisión de Armonía y Desarrollo para los Pueblos Indígenas de la entidad, la que no tuvo el éxito esperado en febrero de 2013, cuando los primeros seis municipios de la Costa tomaron las armas contra el crimen organizado, informa Milenio.

En dicha comisión se espera la participación de los tres poderes locales y los tres niveles de gobierno, además de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), cuyo sistema de seguridad y justicia funciona desde hace 18 años en el corredor que va hacia la región de La Montaña, en zonas habitadas preponderantemente por población indígena.

Encabezó la primera reunión el secretario general de Gobierno Jesús Martínez Garnelo, quien recibió a los comisarios que integran la Unión de Pueblos, quienes llegaron para respaldar a su dirigente Bruno Plácido Valerio.

Primero la confianza

El dirigente de la Upoeg reconoció que el primer punto a superar en el proceso de reconciliación es la confianza, una vez que en torno al Sistema de Seguridad Ciudadana se han generado muchas versiones, algunas de ellas completamente fuera de contexto.

“Se ha dicho que detrás de nosotros está el narcotráfico, que incluso también la guerrilla, y por eso vamos a generar una propuesta que nos permita transparentar las cosas, para que los gobiernos estatal, federal y municipal conozcan a nuestros policías, que sepan que nosotros no tenemos nada que esconder”, apuntó.

El dirigente manifestó que se debe plantear una actividad pública que despeje las dudas respecto a quién mueve a la Policía Ciudadana de la Upoeg, para que haya certeza, lo mismo en el gobierno como en la sociedad.

Comenzar el proceso de regulación, de acuerdo con el fundador de la CRAC en la década de los noventa no implica ir en la ruta de constituirse en una Policía Rural, corporación que el Congreso local creó en diciembre de 2013 a petición del titular del Ejecutivo estatal.

Recordó que hay un recurso de amparo que la Upoeg promovió contra la Policía Rural, ya que se creó sin consultar a las comunidades, situación que generó inconformidad.

Precisó que no se trata de confrontar a las autoridades constitucionalmente establecidas, pero sí de encontrar una salida que deje ganadora a la población, que es la que reclama seguridad y la reinstalación de la paz.

La propuesta que la administración plantea en materia de regulación, que consiste principalmente en adherirse a la Policía Rural será puesta a consideración de las comunidades, para que la gente conozca sus implicaciones positivas y negativas.

Respecto a la Comisión de Armonía, el acuerdo es que quedará constituida el próximo 25 de febrero, lo que también ya trabajan los representantes de ambos lados.

Menos tensión

Plácido reconoció que a partir del reencuentro del pasado 7 de febrero, la presión del Ejército sobre la Upoeg, sus policías y comisarios bajó de manera importante, aunque los retenes instalados en Mazatlán y Petaquillas se mantienen.

Gracias a que la presión registró un declive, comunidades de Chilpancingo como Palo Blanco, Izotepec y Coacoyulillo se declararon en autodefensa.

El avance de la Policía Ciudadana no derivó en una ruptura del diálogo anunciado, pues la organización ratificó a las autoridades que no tiene proyectado ingresar a la capital de Guerrero.

En la etapa de calma que se abrió desde el fin de semana, la Upoeg afianzó posiciones en los ocho pueblos del Valle de Ocotito y perfila su expansión hacia Zoyatepec, que está en la ruta hacia la sierra.

Ante la aceptación de la Upoeg en los pueblos de Chilpancingo, Plácido reconoció que urge implantar un mecanismo de transparencia y coordinación, para que militares y corporaciones  policiacas los dejen trabajar en zonas de alta incidencia delictiva.

Los guardias ciudadanos ya cuentan con uniformes y sus insignias son visibles, no descartan una posible credencialización para identificarse con las corporaciones policiacas y los mandos castrenses cuando coincidan en caminos y carreteras, pero el tema todavía se discutirá en las comunidades que forman parte del proyecto.

En la reunión con el gobierno estatal se pactó el diseño de un esquema de coordinación con las autoridades, incluidas las fuerzas militares, pero la PC condicionó que no se caiga en la subordinación porque una relación de sometimiento sería rechazada en los pueblos.

Apoyo a especialistas

La Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero solicitó el apoyo de especialistas para investigar la identidad de las osamentas encontradas en fosas clandestinas, también gestiona la devolución de ranchos despojados por la delincuencia organizada a sus dueños.

Del 23 de enero a la fecha, en la zona del Valle y particularmente en la comunidad de Cajeles, elementos de la Policía Ciudadana han rescatado varias osamentas en fosas clandestinas.

La guardia ciudadana tiene en su poder tres cráneos y varias decenas de huesos, mismos que pretende sean revisados por especialistas para que determinen su identidad. Bruno Plácido Valerio manifestó que se trata de ayudar a las familias que tienen hijos, hermanos, padres o esposos desaparecidos a consecuencia de la actuación de grupos delictivos.

Como ya en una ocasión se recurrió a la Procuraduría General de Justicia y sus peritos determinaron que la primera osamenta correspondía a un animal, esta vez se pide la intervención de especialistas.

“Nosotros queremos que se haga una investigación muy profesional, también vamos a investigar a quien le han desparecido familiares”, señaló.