Elba Mónica Bravo/Milenio
MÉXICO, D.F.- Los reglamentos escolares y de aula en las escuelas de educación básica del Estado de México, Chiapas y Sonora dejan en evidencia que no tienen vínculo con diversos aspectos de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de la nula aplicación de sanciones para los maestros, porque son dirigidos en 99.5 por ciento a estudiantes y padres de familia.

Los reglamentos se concentran en la prevención de accidentes, la atención de enfermedades y el desarrollo de hábitos como la higiene, pero "es notoria la ausencia de otros planos como la protección contra el abuso sexual o físico, contra la aplicación de sanciones injustas, contra un posible abuso de poder o contra medidas escolares que vulneren los derechos".

De acuerdo con el estudio Convivencia y disciplina en la escuela, que publicó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), "la protección de los menores tiene una mirada sumamente acotada que merece ampliarse para incluir los diversos aspectos a los que alude la Convención sobre los Derechos del Niño.

Elementos como "la capacidad para intervenir en decisiones o reclamar derechos prácticamente no están considerados. Se trata de un asunto de suma importancia, porque implica reconocer la voz, las necesidades y los derechos del destinatario principal de las normas".

"El hecho de que las escuelas no instalen condiciones que normativamente legitimen la participación envía un mensaje en sentido opuesto: no hay derecho reconocido a participar en las escuelas", indica el documento.

Aunque la promoción de valores concentra la atención de las escuelas en los reglamentos, los asuntos relativos a la convivencia "son mínimamente abordados o prácticamente ignorados".

Es "escasa" la mención al descanso necesario y a la importancia de dormir y comer bien y existen planteamientos imprecisos como en una primaria pública y en una secundaria privada: "por salud y hábito queda prohibido traer al colegio goma de mascar", con lo que el estudio refiere que "haría falta una mayor explicación respecto a qué tipo de daños a la salud provoca la goma de mascar o en qué circunstancias".

En contraste, prevalecen los temas de procedimientos para conservar el orden y conducta restringidas, presentación y arreglo personal que suman más de mil 500 reglas.

Incluso los reglamentos no tienen ningún vínculo con la Convención sobre los Derechos del Niño, al ordenar un corte de pelo específico, prohibir relaciones interpersonales o condicionar la permanencia del niño en la escuela al hecho de que el padre tenga trabajo.

También tienen "un peso mínimo" las normas relativas a la resolución de conflictos, la rendición de cuentas sobre el uso de recursos aportados por los padres, la alimentación o la creación de condiciones institucionales para la equidad.

En contraste, los maestros no son considerados para cubrir cualquier daño por el mal uso o destrucción de la infraestructura de las instituciones, con lo que "no aparecen como sujeto de normatividad, pero sí estudiantes y padres de familia o tutores", por lo que "no es equitativa".

Al docente "se le ve solo como figura de autoridad y como agente regulador (creador de normas), pero no como alguien que también debe regir su conducta por ciertos parámetros disciplinarios y que puede ser protegido por las normas de la comunidad".

En ese sentido, los reglamentos se dirigen a los estudiantes y padres, quienes tienen que limitar su libertad, apegarse a criterios de conducta en algunos casos imprecisos como prohibir llevar a la escuela goma de mascar; mientras que "se excluye a quienes prestan el servicio educativo y también interactúan en la escuela".

En el análisis de 600 reglamentos escolares se tomó una muestra de 413 escuelas públicas y privadas con el objetivo de revisar sus contenidos, su vínculo con los derechos humanos y los principios que sustentan la educación en el país.

El hecho de colocar al maestro "como sujeto más allá de regulación genera varios efectos" como el de la unilateralidad de la norma: "no existe posibilidad de una regulación clara de su conducta ni de un seguimiento por parte de los demás actores. Su exclusión como sujeto explícito de normatividad asienta simbólicamente la unilateralidad".

También se detectó la aplicación del cobro por daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones y equipos como el uso de computadoras para tareas ajenas o bien en horarios distintos a los designados, aunque no precisan montos.

"De nueva cuenta, sorprende que no se informe respecto a los procedimientos seguidos en el caso de docentes y personal directivo y administrativo de la escuela que por accidente o de modo intencional también sean protagonistas de algún desperfecto en la infraestructura o cualquier tipo de bienes muebles o inmuebles de la institución".

Así, la mayoría de las normas tienen como destinatario a los estudiantes en 69.7 por ciento asumiéndolos como el principal sujeto cuya conducta requiere ser normada, que van desde los hábitos y disposiciones para el aprendizaje hasta el control disciplinar y el cuidado de la salud.

Mientras que a los padres de familia o tutores se les involucra en el cumplimiento de procedimientos escolares y el apoyo a procesos formativos con 29.8 por ciento.