24 de Septiembre de 2018

México

'Respiran' maestros: evaluación docente a partir de 2015

Garantizan que las propuestas del magisterio serán tomadas en cuenta para enriquecer la prueba, que señalan 'será formativa y no punitiva'.

La CNTE busca ampararse contra los efectos de las nuevas leyes educativas. (Archivo/Notimex)
La CNTE busca ampararse contra los efectos de las nuevas leyes educativas. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- En medio de miles de demandas de amparo interpuestas por el magisterio disidente, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), garantizó que escuchará las propuestas de los maestros para enriquecer la evaluación magisterial, la cual se realizará hasta 2015.

Durante una reunión con el presidente del SNTE, Juan Díaz de la Torre, la consejera presidenta de dicho Instituto, Sylvia Schmelkes, indicó que la evaluación es formativa, no punitiva y aseguró que en el diseño de las evaluaciones se tomará en cuenta la opinión de los maestros, informó Notimex.

Explicó que para la evaluación de los docentes se recogerán evidencias en las aulas para conocer de los procesos de aprendizajes de los estudiantes y se pondrá énfasis en la equidad, por lo que afirmó que no se utilizarán las pruebas estandarizadas para los alumnos en la evaluación de los docentes.

En tanto, los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación buscan quedar exentos de la aplicación de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, la Ley General de Educación y la Ley General del Servicio Profesional Docente.

Norma polémica

De esas normas, la del Servicio Profesional Docente es la que ha generado más polémica entre el magisterio, así como multitudinarias protestas de profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes exigen que sea derogada, según publicó CNN. 

Sus principales puntos son los siguentes:

1. Nuevas reglas para la asignación de plazas. 

La ley establece que las nuevas plazas docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior (bachillerato) serán asignadas sólo por concursos de oposición, que de preferencia serán anuales.

Actualmente, los gobiernos estatales en automático entregan plazas a egresados de las escuelas normales o éstas incluso son vendidas por otros profesores, una práctica ilegal.

2. Se amplía el perfil de aspirantes. 

En los primeros dos años a partir que la ley sea vigente, los concursos de oposición serán exclusivamente para egresados de las escuelas normales. Pasado ese periodo, podrá concursar por una plaza cualquier persona que cumpla con el perfil que definan las autoridades educativas. 

Los legisladores que votaron a favor de la propuesta afirman que esto fortalecerá el sistema educativo, porque permitirá que den clases los ciudadanos mejor calificados independientemente de si estudiaron o no en una Escuela Normal. En cambio, la CNTE se declara en contra de la medida argumentando que disminuirá las posibilidades de que los normalistas encuentren trabajo. 

3. Evaluación obligatoria. 

El punto clave de la nueva ley consiste en obligar a los profesores, directores de escuela, asesores y supervisores a someterse a evaluaciones periódicas, de cuyos resultados dependerá que permanezcan o no en el cargo. 

Las evaluaciones serán diseñadas por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), autónomo del gobierno, y serán aplicadas por las secretarías de Educación de los estados. 

El personal educativo tendrá hasta tres oportunidades para aprobar los exámenes, en un lapso de dos años en los que las autoridades deberán ofrecer programas de regularización, o de lo contrario enfrentará el cese o una reasignación. 

4. Sanciones para los reprobados. 

Los profesores de nuevo ingreso -aquellos que sean contratados después de que la ley entre en vigor- y reprueben las tres evaluaciones serán castigados con la pérdida de su plaza. 

En cambio, los docentes que actualmente están en activo serán removidos de los salones de clase pero no serán despedidos, sino que se les reasignará en otra área del servicio público (en tareas administrativas, por ejemplo) o las autoridades los exhortarán a jubilarse. 

Este es el tema que más molestia ha causado entre los integrantes de la CNTE, quienes consideran que esas medidas atentan contra sus derechos laborales porque les harán perder estabilidad en el empleo. 

Los líderes de la coordinadora afirman que no se oponen a la evaluación, sino a que ésta implique castigos. 

5. Los resultados de la evaluación. 

El INEE será el responsable de hacer públicos los resultados de las evaluaciones magisteriales, aunque en ellos no podrá revelar las calificaciones de cada profesor, que serán consideradas datos personales. 

En lugar de eso, únicamente dará a conocer los resultados por escuela o por entidad. En el Senado, la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) propuso que se transparentaran todas las calificaciones -argumentando que no hacerlo impediría que un padre de familia supiera cuál es el desempeño del profesor que da clases a sus hijos-, pero el planteamiento fue rechazado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el Partido de la Revolución Democrática (PRD). 

6. Castigos para faltistas. 

La ley también establece que el personal docente que, sin justificación, falte al trabajo más de tres días en un periodo de un mes será dado de baja. 

Según los impulsores de la medida, con ello se busca garantizar que habrá continuidad en las clases. Los profesores que reciban este u otro tipo de sanción podrán apelar ante los tribunales laborales. 

7. Límites a los comisionados sindicales. 

Los profesores que acepten un cargo o comisión en su sindicato deberán recibir su sueldo de parte de la agrupación gremial, no del Estado. 

El objetivo de esto es limitar el aumento de los comisionados sindicales, es decir, de los docentes que realizan tareas para su organización pero siguen cobrando como si dieran clases.

Disposición al diálogo

La presidenta del INEE anunció que se organiza un diálogo para que puedan participar los profesores de todas las escuelas del país y, con todos esos elementos, a mediados del próximo año definir los parámetros de la primera evaluación situacional para 2015.

Por su parte, el presidente nacional del SNTE, Juan Díaz de la Torre, éste recalcó la disposición de los maestros a ser evaluados, aunque aceptó que la generalidad de las leyes de la reforma educativa ha propiciado interrogantes entre los docentes.

Dichas leyes educativas fueron promulgadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 11 de septiembre, después de la ratificación del presidente Enrique Peña Nieto.

Desde entonces los profesores, la mayoría de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, exigen su derogación al considerarlas represivas de sus derechos laborales.

Docentes 'mediocres'

Sylvia Schmelkes aseguró en mayo pasado que a su organismo no le corresponde determinar el futuro de los maestros que reprueben las evaluaciones: “Es la SEP la que debe tomar las decisiones consecuentes”, indicó.

En tanto, Gilberto Guevara Niebla, integrante de la junta de gobierno del INEE, aclaró que las evaluaciones deben respetar los derechos de los trabajadores, sin embargo, se pronunció por separar de sus cargos a los docentes “mediocres” y “abusadores” que “atropellan la vida escolar”.

“No vamos a inventar un sistema de evaluación para correr profesores. No se trata de renovar la planta de profesores que el país tiene, absolutamente no".

"Ahora que muchos profesores, algunos aquí y allá. Son además de mediocres, abusadores y atropellan la vida escolar. Éstos deben ser separados, me parece que eso no se discute bajo ninguna circunstancia”, dijo.

Grandes retos

La complejidad de contextos, las condiciones sociales y materiales de las escuelas en las diversas regiones del país representan grandes retos para definir métodos, etapas e instrumentos que permitan llevar a cabo la evaluación, detalló Díaz de la Torre.

Díaz de la Torre enfatizó que la autonomía del INEE es un logro para el magisterio y el SNTE coadyuvará desde su responsabilidad a cuidarla.

Consideró que el prestigio y profesionalismo que precede al Instituto es una garantía de que se regirá por los principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e inclusión, por lo que manifestó su confianza en que el proceso de evaluación tenga un buen inicio y no sea una simulación.

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