Agencias
MORELIA, Michoacán.- La Policía Federal retiró la vigilancia que montó en el hospital donde convalece Rosa Verduzco, ex directora del albergue La Gran Familia, de Zamora, Michoacán.

A las 10:20 horas los ocho agentes federales que custodiaban la entrada al hospital y la habitación de Mamá Rosa se retiraron del lugar.

La Procuraduría General de la República (PGR) informó anoche que no se pronunciaría al respecto sino hasta este domingo.

Rosa Verduzco se encontraba hospitalizada desde la madrugada del miércoles por complicaciones de diabetes y presión arterial.

En todo momento tuvo custodia federal, pese a que la PGR aseguró en la semana que no existían denuncias ni investigaciones en su contra.

Los hijos adoptivos, familiares y colaboradores de Mamá Rosa celebraron con un aplauso el retiro de los elementos federales e inmediatamente después comenzaron a ingresar a saludarla.

Roberto Díaz Verduzco, sobrino de la octogenaria, aseguró que estaba tranquila y con deseos de estar con su familia. “Estamos contentos de que se haya hecho justicia”, dijo.

Salud delicada

Desde las cinco de la tarde unos 50 hijos adoptivos de Mamá Rosa llegaron al hospital San José, donde cantaron el himno del albergue La Gran Familia, además de lanzarle porras.

El doctor Alberto Sahagún, director del hospital San José, confirmó anoche que la Policía Federal suspendió la vigilancia a Rosa Verduzco.

Desde el miércoles pasado, día que ingresó al nosocomio, dos oficiales y una agente del Ministerio Público estaban con la mujer en su habitación.

El doctor Sahagún dijo a Milenio que el estado de salud de Mamá Rosa es delicado, pues sufre de arritmia, taquicardia y complicaciones de diabetes.

Familiares y amigos de la mujer plantearon la posibilidad de que sea trasladada a Guadalajara o al Distrito Federal para que se le practique un cateterismo.

Cuca Rodríguez, sobrina de Mama Rosa, dijo que ni siquiera familiares o amigos podían acercarse al cuarto del hospital y toda la comunicación se realizaba a través de los agentes o del personal médico.

Protegida y poderosa

Víctimas del albergue La Gran Familia aseguraron que las relaciones de poder de Rosa del Carmen Verduzco hacían que se sintiera “protegida y poderosa”.

También que Mamá Rosa no impidiera abusos como las “revisiones” posteriores a una extenuante jornada de colecta de donativos, en las que sus empleados obligaban a los niños a quitarse su ropa interior para “comprobar” que no se quedaran con un solo peso del dinero recabado.

Eso se desprende de los testimonios que obtuvieron, al recurrir a fuentes directas y abiertas, agentes encubiertos y del área de inteligencia de la Policía Federal adscritos a la investigación que la Procuraduría General de la República abrió desde 2013 con base en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEITMPO/78/2013, que devino en el expediente SEIDO/UEITMPO/9804/2014.

Declaraciones de “testigos de oídas” a las que el juez quinto federal penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, Miguel Bonilla López, dio validez jurídica, porque consideró que sirven para fortalecer las que se rindieron con anterioridad ante el Ministerio Público.

“(…) No se trata de partir de estas actuaciones como datos ciertos, sino de que estas versiones vienen a dar verosimilitud, por su coincidencia, a lo declarado por las víctimas y familiares”, expuso el juez, al otorgar a la PGR la orden de cateo 317/204-I que se llevó a cabo el 15 de julio en el albergue La Gran Familia, y en otro inmueble identificado como Casita de Yamira, en el mismo predio de Zamora, Michoacán.

Engaño y soborno

Otros familiares de las presuntas víctimas aseguraron que Mamá Rosa no maltrataba directamente a los menores de edad y jóvenes del internado, pero dejaba que sus trabajadores abusaran físicamente y psicológicamente de ellos, además de explotarlos con fines de mendicidad.

El juez consideró que no hay indicios de que los testigos entrevistados directamente por los agentes de la PF hayan sido obligados a declarar por medio de la fuerza o miedo, ni que fueran impulsados por engaño, error o soborno y, “menos aún, sujetos a medidas que impliquen coacción física o moral para que declararan de la forma en que lo hicieron”.