Luis Moreno/Milenio
MÉRIDA, Yucatán.- La Cámara Mexicana de la Industria del Transporte Marítimo (Cameintram) se dijo conforme con la decisión tomada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la cual analizará la procedencia del recurso de revisión sobre el convenio que permite limitar la responsabilidad de las embarcaciones en caso de sufrir accidentes.

Cabe mencionar que el sector marítimo cuenta con un derecho que le permite mantener una limitante a la responsabilidad que resulte de un posible incidente ocurrido en alta mar, principalmente si éste es a causa de un fenómeno meteorológico e implica daños a terceros.

Mencionó que en febrero de 2010, como resultado de un cambio repentino en las condiciones climalógicas, un buque de bandera mexicana colisionó contra una plataforma petrolera flotante extranjera en aguas mexicanas del Golfo de México. 

Ante ello, la embarcación asumió su responsabilidad limitada, como lo especifican la legislación nacional y el convenio internacional del que México es parte desde 1994. 

Sin embargo, la Primera Sala de la SCJN atrajo el caso, esto derivado de que la empresa propietaria de la plataforma interpuso un amparo, y las autoridades resolvieron el 13 de febrero de 2013 “que los propietarios de buques no pueden limitar su responsabilidad cuando causen daños a plataformas flotantes”.

Antes de que el órgano jurídico decidiera revisar dicha premisa, la Cameintram insistía en que si no se aceptaba el recurso de revisión y se buscaba incrementar la responsabilidad a los buques que transitan en el mar, o eliminar el mencionado derecho, el sector marítimo perdería competitividad de manera significativa.

Con “la limitación de responsabilidad de las embarcaciones que colisionan con plataformas flotantes, se colocaría tanto a la industria naviera, como al sector asegurador, nacionales e internacionales, en una situación de extrema vulnerabilidad, misma que afectaría productividad, competitividad, atracción de inversión extranjera y crecimiento económico de México”.

Según la cámara, hasta el momento en ningún otro país en el que se ejerce el mencionado derecho se ha llevado a cabo un cuestionamiento o interpretación como el que hasta ahora habían realizado las autoridades jurídicas en México.

La cámara “considera de suma importancia que, en el marco del debate de la reforma energética, los inversionistas nacionales y extranjeros cuenten con la certeza jurídica de que no incurrirán en costos y gastos que excedan su operación, lo que eventualmente podría obligarlos a abandonar el negocio en México”.

De ser así, dijo que serían afectados al menos 300 barcos de bandera mexicana y otro número menor de buques extranjeros que complementan la actividad regular y de alta especialización en las zonas marinas petroleras, representando alrededor de 4 mil millones de dólares en inversiones, lo cual podría derivar de un impacto en la llegada de posibles inversiones.