Agencias
MÉXICO, DF.- Senadores del PAN presentaron una iniciativa que reforma la Ley General de Educación para prohibir que se condicionen los servicios educativos a cargo del Estado por la entrega de aportaciones, cuotas, donaciones, dádivas o cualquier otro tipo de contraprestación en dinero, bienes o servicios.

El tema, que fue parte de las promesas de campaña del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) durante la pasada contienda federal, fue retomado por el senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, quien presentó la iniciativa durante la sesión de este martes.

Dentro de la propuesta se establece que en ningún caso la inscripción, permanencia y entrega de documentos de los menores en las escuelas públicas podrán ser condicionadas a la entrega de aportaciones de ese tipo, de acuerdo con Notimex.

Sin embargo, propone que las asociaciones de padres de familia participarán en la aplicación de cooperaciones que hagan ellas mismas al establecimiento escolar, las cuales serán de carácter voluntario y, en ningún caso, se entenderán como contraprestaciones del servicio educativo.

En tribuna, el legislador del Partido Acción Nacional (PAN) advirtió que el hecho de realizar o permitir por sí mismo o a través de tercera persona cualquier acto que condicione el acceso a servicios educativos prestados por el Estado, será sancionado bajo las disposiciones legales o administrativas relacionadas con el servicio público educativo.

Romero Hicks refirió que el monto de aportaciones voluntarias en 2010 ascendió a más de seis mil 380 millones de pesos; asimismo hasta 2011, en promedio, los padres de familia de una escuela de educación básica pública, en contexto urbano favorable, pagan anualmente 690 pesos, lo cual sucedía en 97.7 por ciento de las escuelas.

Aunado a esas prácticas, se añaden la desigualdad y la pobreza, que impiden el acceso a la educación, por lo que 51 por ciento de los adolescentes entre 15 y 17 años con un tutor sin escolaridad no terminan la primaria; 43.2 por ciento de quienes viven en zonas rurales y 42.9 por ciento de los indígenas, indicó.

"Para el legislador es claro que en el país existen barreras económicas que aún obstaculizan el acceso a los servicios educativos, si se les suman las prácticas que condicionan dichos servicios a la entrega de cualquier tipo de contraprestación, habría un ensanchamiento de la espiral de exclusión, pobreza y marginación".

El panista puntualizó que es propósito de los promoventes reiterar el acceso a la educación como un derecho fundamental de toda persona, que bajo ninguna circunstancia puede condicionarse o limitarse, pues ello haría "nugatorio" el derecho a la educación.