Rubén Mosso/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentó un precedente porque obligó a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir las averiguaciones previas de la matanza ocurrida en San Fernando, Tamaulipas a extranjeros que perdieron a sus familiares en esa región de México en 2010 y 2011, por lo que la PGR deberá entregar copias a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano a manos de 'Los Zetas'.

El fallo de la Primera Sala es histórico, porque ahora todas aquellas familias que desde hace cinco o seis años vienen reclamando el acceso al expediente de las matanzas ocurridas en 2010 y 2011 en San Fernando podrán acceder a las investigaciones que ha realizado el agente del Ministerio Público Federal.

Por unanimidad la sala determinó otorgar a Berpila Parada de Osorio, madre de Carlos Alberto Osorio y a Alma Yesenia Realegeño Alvarado, hermana de Manuel Antonio, cuyos cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas de San Fernando.

Las víctimas abandonaron El Salvador, cada quien por su parte, el 17 y 19 de marzo de 2011, con la intención de llegar a Estados Unidos.

El 14 de diciembre de 2012, personal de la PGR se puso en contacto con Berpila, por medio de la cancillería de El Salvador, para informarle que su hijo había fallecido en nuestro país, por lo que era necesario que firmara algunos documentos para la repatriación del cuerpo, sin que se le hubiera mencionado en qué condiciones y cómo murió.

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En el municipio de San Fernando se registraron dos masacres: la primera, entre en 22 y 23 de agosto de 2010, en la que fueron asesinados 72 inmigrantes ilegales, imputados a los Zetas.

La segunda fue un asesinato masivo de al menos 193 personas, encontradas en fosas clandestinas desde el 6 de abril de 2011.

La activista Isabel Miranda de Wallace afirma que la cifra de muertos rebasa los 500, pero que el gobierno de Tamaulipas supuestamente ha prevenido que esa información se difunda.