M. Otero-Briz, O. Rodríguez y C. Rivera/Milenio
OAXACA, Oaxaca.- Las organizaciones de padres de familia de Oaxaca que pugnan por que se cumpla el ciclo escolar en la entidad interpusieron amparos ante jueces federales como una estrategia legal para evadir el bloqueo a sus demandas y peticiones por parte de autoridades estatales y de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

En entrevista, Luisa García, dirigente de la Coordinadora de Padres de Familia de Oaxaca, aseguró que han perdido la confianza en autoridades y comités de padres, pues en todas las instancias locales existe el control del magisterio oaxaqueño, situación que los obligó a buscar nuevas vías para garantizar que sus hijos acudan a clases.

En los recursos presentados ante los jueces primero, tercero y octavo de distrito con los números 1115/2013 y 1132/2013 en las dos primeras instancias, se solicita el amparo de la ley contra el director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Manuel Iturribaría, al considerar que incurrió en “omisión” al no aplicar las leyes estatales y general de educación, las cuales establecen sanciones ante las ausencias injustificadas de los docentes.

En la querella también se acusa al secretario general de la sección 22 de Oaxaca, Rubén Núñez, y al secretario de Organización, Francisco Villalobos, de ordenar la suspensión de clases en el estado, con lo que, según los padres de familia, violentaron el artículo tercero de la Constitución, en el que se consagra el derecho a la educación de los niños mexicanos.

También se acusa a directores de primarias, pues señalan que al acatar la orden de cerrar los planteles y negarse a iniciar el ciclo escolar, violentaron el derecho de los alumnos a recibir educación.

Las demandas establecen la violación al artículo tercero de la Constitución respecto a la obligatoriedad del Estado a garantizar una educación gratuita y de calidad, pero también apuntan el quebranto al cuarto, al considerar que se viola el precepto de que la autoridad está obligada en todas sus decisiones y actuaciones a “velar y cumplir con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos”.

De ahí que el juicio detalla que “el interés de la niñez debe ser garantizado y cumplido por las autoridades, específicamente el derecho a la educación, por lo que cualquier acuerdo o resolución dictada por la autoridad educativa o por dirigentes de la sección 22 tendiente a suspender, interrumpir o afectar el derecho a la educación, es violatorio de los derechos fundamentales de la niñez, quienes reciben un daño mayor e irreparable”, argumenta el documento presentado ante el juez octavo.

En otra de las demandas a las que MILENIO tuvo acceso, los padres de familia se amparan contra las resoluciones que los profesores disidentes tomaron durante sus asambleas estatales y por las que decidieron no iniciar el ciclo escolar y suspender las labores, con lo que también planean evitar acciones similares en el futuro.

Luisa García señaló que la Coordinadora de Padres de Familia de Oaxaca se constituyó en 2011 con la finalidad de iniciar acciones contra los constantes paros laborales, por lo que la asociación brinda asesoría jurídica a los que quieran emprender acciones legales contra los profesores que no cumplan con sus labores.