19 de Septiembre de 2018

México

Ejército y Marina combaten un enemigo que se hace humo

Cada año la Secretaría de Hacienda deja de recaudar hasta 5 mil 800 millones de pesos por este mercado ilícito.

Imagen de un par de soldados custodiando un cargamento de cigarros ilegales decomisados. (Milenio)
Imagen de un par de soldados custodiando un cargamento de cigarros ilegales decomisados. (Milenio)
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Víctor Hugo Michel/Milenio
MÉXICO, D.F.F- El decomiso de cajetillas de cigarros pirata provenientes de Asia y Sudamérica se multiplicó 41 mil por ciento de 2010 a 2014, la cifra más elevada de la historia; sin embargo, esta invasión de tabaco ilegal comienza a ser contenida con apoyo de las áreas de inteligencia de Ejército, Marina y Gobernación.

En esos casi cinco años más de 200 millones de cigarrillos han sido confiscados por autoridades mexicanas, un botín que en el mercado podría alcanzar varios miles de millones de pesos.

Cifras oficiales apuntan a que tan rápido como son destruidos, nuevos y numerosos embarques de cigarrillos llegan a costas mexicanas: 16 millones fueron confiscados en un almacén del Distrito Federal en marzo pasado por la PGR

En 2012 un contenedor con 80 millones fue interceptado en Mazatlán. En 2013, 56 millones de unidades fueron descubiertas en Jalisco, Chiapas y Durango. Y esos son los registrados. Millones más lograron eludir los controles e internarse a territorio nacional.

El contrabando llegó a un nivel tal en los últimos tres años que el gobierno federal pidió asistencia a las áreas de inteligencia de Ejército, Marina y Gobernación

Datos de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) dan una idea del crecimiento del problema, que apenas este año comenzó a ser contenido. En 2010 se decomisaron 40 mil cigarrillos; en 2011 ya eran 31 millones y en 2012 la cifra fue 116 millones.

En 2013 la cifra quedó en 56 millones, principalmente en aduanas, en las que se han tenido que reforzar los controles para evitar que el producto llegue a las calles y a los bolsillos de organizaciones criminales.

De acuerdo con funcionarios consultados, el contrabando llegó a un nivel tal en los últimos tres años que el gobierno federal pidió asistencia a las áreas de inteligencia de Ejército, Marina y Gobernación para encarar el fenómeno, en el que es evidente la mano del crimen organizado.

Nuevas disposiciones del Servicio de Administración Tributaria a las que tuvo acceso MILENIO detallan que desde junio del año pasado está prohibida la importación de tabaco por las fronteras con Centroamérica. Además, se redujo de 49 a 14 el número de aduanas autorizadas para recibir cigarrillos. Todas están en el norte, Pacífico y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues se presume mayor control y menor corrupción que en el sur.

No solo eso. Quienes importan cigarrillos, armas o fuentes radiactivas deben registrarse en el Padrón de Importadores Específico, un listado de extremo control y bajo escrutinio permanente, en el que están las empresas que manejan productos riesgosos para la seguridad nacional, desde armamento hasta explosivos plásticos y productos radiactivos.

Son medidas que tienen un origen. La preocupación de que el crimen organizado añadió el tráfico de tabaco a su portafolio de ingresos, junto con el tráfico de drogas, armas y personas.

A la caza del mercado

Finales de 2013. Un camión de doble remolque de una empresa tabacalera multinacional es detenido en un retén improvisado en el norte de Veracruz. Hombres armados y encapuchados amagan al conductor. Le exigen el manifiesto de la carga, que consiste en miles de cigarrillos de una famosa marca, vendida a más de 40 pesos por cajetilla en tiendas de todo el país. Por sí solo el embarque vale millones.

Hasta ahí todo tiene pinta de ser otro robo carretero, probablemente en contubernio con policías de Caminos que filtraron el horario del transporte. Pero no se trató de un asalto, porque la carga no fue sustraída. Era algo de mayor envergadura, con un significado económico y comercial: el equivalente a un control aduanero criminal. Los hombres armados buscaban verificar la marca de las cajetillas. Y su precio.

“Querían asegurarse de que el camión no llevara cajetillas de precios baratos, menores a 20 pesos, porque no quieren que compitamos en ese nicho de valor. Tratan de quedarse con ese segmento”, confió a MILENIO un ejecutivo tabacalero que fue informado del incidente y quien pidió no ser identificado para evitar represalias a conductores ni entorpecer las investigaciones. “La situación ha llegado al punto de que no dejan que algunas tiendas lleven cajetillas de ese precio si no son de sus marcas”.

El anterior incidente no fue aislado. Revisiones y controles similares se han reportado en carreteras y tiendas de Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. Son muestras de una problemática que ha caído con peso sobre la industria del tabaco y que fue confirmada a este diario por funcionarios de seguridad: una parte del mercado de cigarrillos es controlada por el crimen organizado, que no solo es una nueva fuente de ingresos, sino que, con celo casi empresarial, empuja agresivamente su comercialización. Quiere agenciarse un nicho y expandir el consumo de tabaco entre segmentos de bajos ingresos, sobre todo jóvenes.

“Hemos detectado que al tratarse de un producto que ya tiene grandes volúmenes de penetración en el país, es evidente que existe un interés de estar haciéndose de recursos de manera ilícita a través de su venta”, reconoció Álvaro Pérez, comisionado de Operación Sanitaria de la Cofepris.

“La PGR tiene diversas averiguaciones y se investiga quiénes son los responsables y el modus operandi de esas organizaciones”.

La expansión

La expansión del mercado negro del tabaco en México —lo que algunos expertos denominan “capitalismo torcido”— es visible. Cajetillas pirata de todo tipo han inundado las tiendas del país en los últimos cinco años, particularmente con precios que van de 10 a 20 pesos. Son costos tan bajos que las empresas legalmente establecidas no pueden competir. Es el equivalente a un dumping que mantiene en su base la intimidación.

En su conteo de julio pasado, la Cofepris tenía detectadas 228 marcas ilegales en comercios y estanquillos de Chiapas o Baja California. Sus nombres varían y recorren el alfabeto. Van de la A de Ace Club, Admiral, Alamo y Anchor hasta la W de Walden, Win y White Club. La mayoría de cajetillas proviene de fábricas en Asia y Sudamérica que no cumplen con requisitos de higiene y seguridad. El contenido real de esos productos es un misterio y riesgo para el consumidor.

El gobierno admite que el objetivo de esos cigarrillos de origen dudoso es el sector juvenil. “Uno de los riesgos más importantes es que por sus bajos costos, los cigarros ilegales se vuelven más disponibles para niños y adolescentes, lo que fomenta el consumo temprano de tabaco en edades vulnerables”, se explica en un alerta sanitaria de la comisión de este año.

Por si fuera poco, las marcas de contrabando se han repartido  el territorio en zonas: noreste, noroeste, centro y sur,  que coinciden con las de los principales grupos criminales: Los Zetas, cártel del Golfo, Los caballeros templarios y el cártel de Sinaloa.

Por ejemplo, los cigarros Ruby se venden en territorio de influencia zeta, como Zacatecas, Aguascalientes, Coahuila y Tamaulipas, pero no en Durango, Baja California y Sinaloa. Ahí, en lo que es territorio del cártel del Pacífico, dominan los Police.

La Cofepris sostiene que aún es necesario determinar el grado de conexión que se ha gestado entre las mafias del narco y el contrabando de cigarrillos e insiste en que parte del mercado está en manos de simples “vendedores hormiga” sin nexos con algún cártel. Pero la industria del tabaco opina lo contrario. Afirma que era cuestión de tiempo antes de que un ilícito como este cayera en la esfera del crimen organizado, como ha sucedido en otros países (la mafia siciliana en Estados Unidos, los Yakuza en Japón o las mafias rusas en Europa del este).

El argumento es sencillo: si es ilegal y genera dinero, atraerá a los capos, como ocurre con la prostitución, la trata de personas, el secuestro o el narcotráfico.

“La comercialización internacional de cigarros ilegales ya está en manos de la delincuencia organizada, que encuentra en la venta de cigarros ilegales la posibilidad de atraer recursos para otras actividades delictivas de mayor impacto social”, se lee en un reporte de British American Tobacco. Phillip Morris, la otra tabacalera que opera en México, afirma que el comercio de cigarrillos piratas “es apoyo económico al crimen organizado”.

El faltante

El crecimiento del inframundo del tabaco no es algo que pase inadvertido para las arcas del gobierno federal. Como en el mercado negro de la gasolina (MILENIO 16/6/2014), la mano de la delincuencia organizada comenzó a reflejarse en las cifras oficiales. Para dimensionarlo, vale señalar que el golpe equivale al costo de la recién lanzada Gendarmería de la Policía Federal. La Secretaría de Hacienda calcula que el gobierno pierde todos los años “hasta cinco mil 800 millones de pesos” de impuestos por la proliferación de cajetillas ilegales, de acuerdo con un informe de 2013 de la Mesa de Combate a la Ilegalidad del Servicio de Administración Tributaria.

Pero la cifra probablemente sea mayor. El hueco fiscal se evidencia con particular agudeza en la Cuenta Pública. Desde 2011, año en el que se aprobó un incremento del impuesto de siete pesos por cajetilla, la recaudación en el rubro de tabacos labrados ha quedado por debajo de las expectativas. El gobierno federal esperaba recaudar 42 mil millones de pesos con el nuevo gravamen, pero no ocurrió: para 2012 Hacienda se encontró con ingresos de apenas 30 mil millones de pesos. Había un faltante de más de 11 mil millones difícilmente explicable, en especial porque el número de mexicanos que fuman ha permanecido relativamente estable en los últimos 10 años.

¿Dónde se origina ese hueco de 11 mil millones de pesos? Para responder a esa duda, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) lanzó una investigación en torno al tema en 2012. De acuerdo con su pesquisa, hubo dos causas: la gente, en efecto, consumió menos tabaco por los altos precios derivados del nuevo impuesto. Y otra parte se fue al mercado ilícito.

“En 2011 (se captó) 27.9 por ciento menos de lo programado, motivado presuntamente por la caída del mercado formal, que se atribuyó al elevado gravamen (…) Paralelamente se ha incrementado el comercio ilícito en torno al contrabando y tabaco falsificado”, expuso la ASF.

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