Ofrecen transición 'tersa' de IFE a INE

Resaltan consejeros electorales la importancia de la corresponsabilidad para lograr la transición transparente y sin sobresaltos.

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En el marco del cambio del IFE al INE el próximo año habrá elecciones federales y adicionalmente comicios en 17 estados del país. (Notimex/Contexto)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Los consejeros electorales Lorenzo Córdova, Benito Nacif, Marco Antonio Baños y María Marván ofrecieron una transición ordenada, transparente y sin sobresaltos del Instituto Federal Electoral (IFE) al Instituto Nacional de Elecciones (INE) como nueva autoridad electoral, pero advirtieron que legisladores y partidos políticos son corresponsables del proceso, informa Milenio.

Al finalizar un encuentro a puerta cerrada con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, el presidente provisional del IFE, Lorenzo Córdova, puntualizó:

“Los servicios que el IFE le brinda a la ciudadanía y a los partidos, así como los procesos en curso, se vendrán realizando puntualmente, de modo tal que se pueda hacer una transición del IFE al INE lo más ordenada, transparente y sin sobresaltos posible”.

Subrayó que están convencidos de cerrar bien el ciclo de vida institucional del IFE para asegurar que nazca bien el ciclo de vida institucional del INE, “en el entendido de que esto implica una corresponsabilidad de los legisladores, por un lado, de los actores políticos y de los partidos, por otro, pero también del IFE, y haremos lo que nos toque mientras estemos en el encargo”.

No ratificación, sino ofrecimiento

Baños aclaró que los consejeros no acudieron al Palacio de San Lázaro a pedir su ratificación como integrantes del nuevo organismo, sino a ofrecer la experiencia y el conocimiento acumulado para acompañar el debate de la legislación secundaria en materia político-electoral.

“Por supuesto que no hay ninguna intención de venir a buscar ninguna ratificación en ningún cargo de parte de los consejeros electorales; estamos simplemente cumpliendo con una responsabilidad estrictamente institucional”, puntualizó.

Recordaron que el próximo año habrá elecciones federales y adicionalmente comicios en 17 estados, de los que nueve renovarán gobernadores.

El diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Silvano Aureoles, celebró la disposición de los consejeros a participar con su experiencia y conocimiento en el análisis de las leyes reglamentarias.

Compartió la preocupación de Córdova, Nacif, Baños y Marván por la resolución de las leyes secundarias en tiempo y forma para darle certeza al proceso electoral de 2015.

Convocatoria

Confirmó que los coordinadores parlamentarios iniciaron ya la redacción de la convocatoria al proceso de selección de los 11 integrantes del INE y hacer las designaciones correspondientes en un plazo no mayor a 120 días.

Negó, sin embargo, cualquier compromiso para ratificar a los actuales consejeros como parte del nuevo organismo: “No hay ningún ofrecimiento, ninguna solicitud, la ley es muy precisa, la reforma es muy precisa, se modifican las reglas, hay un nuevo órgano electoral y hay un nuevo sistema en la materia y no se les puede hacer ningún ofrecimiento. Ni ellos lo han solicitado”.

'Más caro y más complejo'

La aplicación de la reforma electoral, en especial la operación del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus nuevas atribuciones, no sólo incrementará los costos de la democracia mexicana, sino la complejidad en la organización de los comicios, coincidieron especialistas y consejeros.

En los últimos seis años, luego de este cambio constitucional, el presupuesto destinado al Instituto Federal Electoral (IFE) ha disminuido apenas 1.7 por ciento, contrario a la tendencia que se ha registrado a nivel local, donde aumentó hasta 18 por ciento.

Tan sólo el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) creció 75 por ciento en términos reales, que se ven reflejados en los tribunales locales con un aumento de 71 por ciento, de acuerdo con el estudio “Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano”.

El presidente IFE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que el objetivo que motivó la reciente reforma no se cumplirá, ya que, pese a la ambigüedad constitucional que prevalece, la autoridad electoral debe crear al menos cuatro áreas.

Homologar sueldos

Señaló que la creación de un Servicio Profesional Electoral Nacional supone un reto logístico y establece la interrogante de si los salarios del personal en todas las entidades deben ser homologados.

Para Javier Santiago, responsable del Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, la homologación de sueldos es un problema que la reforma constitucional no resuelve, por lo que de no ser abordado en la ley secundaria significará el costo más alto de la reforma electoral ante los 33 tabuladores salariales que hay en la materia.

“Los tabuladores deben construirse en cada estado partiendo del salario que reciben los consejeros; no podría homologarse el salario de los locales y federales ni el salario de los miembros del Servicio Profesional Electoral de los estados, porque eso llevaría un costo muy alto en la organización de los procesos electorales”, aseguró.

El consejero presidente aseguró que con la creación de un servicio nacional no sólo las obligaciones y la capacitación tendrían ampliarse, sino que las responsabilidades y los salarios tendrán que ser los mismos en el país.

Sin embargo, reconoció que el hecho de que a partir de la reforma todos los institutos locales deben incrementar su número de consejeros a siete, más la ampliación del Consejo General del INE, el costo operativo del sistema electoral sin duda aumentará.

Cordova Vianello aseguró que la fiscalización nacional que contempla la reforma obligará al INE a, por lo menos, duplicar la estructura laborar de la actual Unidad de Fiscalización, aunque el costo a nivel central más significativo es la nueva atribución de administrar los recursos de los partidos.

En este sentido afirmó que el INE deberá pensar en la creación de toda una nueva área, incluso a nivel desconcentrado, que tenga la capacidad de llevar las cuentas con eficiencia de cualquier partido, en caso de que alguno de estos grupos haga uso de este derecho que les confiere la reforma.

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