18 de Noviembre de 2018

México

Secuestran a 65 niños de la caravana migrante

Los menores son parte de la centena de extranjeros de origen centroamericano raptados por el crimen organizado.

La Fiscalía del Estado de Puebla ya investiga la desaparición de una centena de personas que viajaban en la caravana migrante. (Cuartoscuro)
La Fiscalía del Estado de Puebla ya investiga la desaparición de una centena de personas que viajaban en la caravana migrante. (Cuartoscuro)
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Agencia
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso del secuestro masivo de migrantes ocurrido el pasado 3 de noviembre en Veracruz y que luego fueron entregados a integrantes del crimen organizado en algún lugar desconocido en Puebla, ya no es solo el dicho de un ombudsman estatal. Ahora, es un caso oficialmente investigado por la Fiscalía General de Puebla, que cuenta con pruebas del delito.

En el expediente, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) —un organismo público autónomo— volcó los testimonios de tres testigos del secuestro. Una de esas personas, cuya identidad permanece desconocida por su seguridad, reveló en una frase la magnitud de lo que estarían viviendo aquellos centroamericanos privados de su libertad en México: "65 niños y siete mujeres fueron vendidos", informa Huffingtonpost.

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Los nuevos detalles del secuestro apuntan a que los criminales aprovecharon que la tarde del 3 de noviembre, el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, retiró su ofrecimiento de 150 camiones gratuitos para que la caravana no tuviera que caminar hasta la Ciudad de México por un territorio donde cientos han desaparecido, producto de la corrupción de las policías municipales asediadas por la guerra entre Los Zetas y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

El anuncio tardío del gobernador, casi al tiempo del anochecer, angustió a los migrantes que se quedarían a intemperie en esa zona tan peligrosa. Coincidentemente, llegaron tres vehículos a "auxiliarlos": un camión con anaranjado, placa KY 88 765 del estado de México; otro, placa GX 3391C de Guerrero; y una camioneta, placa KXC 7906, según la indagatoria.

A diferencia de los que conductores que ayudan a los migrantes y que usan vehículos con la batea abierta, la caja de esos camiones estaba cerrada con candados para que desde el exterior no se viera qué o quiénes transportaban.

“Queríamos llegar rápido a la Ciudad de México”, contó una mujer que está actualmente en el albergue de la Ciudad Deportiva en la capital mexicana.

 “Al camión entró uno y dijo que ya todos estábamos vendidos. Dijo todos: los 65 niños y siete mujeres fueron vendidos”

“Un muchacho vestido de negro, gordito, nos dijo que teníamos que pagar 150 pesos. Ya por Tierra Blanca nos dijo que teníamos que pagar 50 pesos más. Le dijimos que ya no teníamos dinero. Pasando un puente y había ocho hombres encapuchados. Al camión entró uno y dijo que ya todos estábamos vendidos. Dijo todos: los 65 niños y siete mujeres fueron vendidos”, relató.

Estas declaraciones coinciden con las que hoy publicó la veterana periodista Blanche Petrich en el diario La Jornada, sobre la cantidad de niños víctimas del secuestro masivo.

Arturo Peimbert, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, quien originalmente contó esta historia, aseguró este jueves al HuffPost México que él insistió en que nadie subiera a esos vehículos, pero la desesperación y el miedo a quedarse varados le ganó a varios migrantes.

Los detalles de cómo escapó la testigo no quedan claros. El miedo le hace callar algunas partes de la historia, que mañana podrían llegar hasta la Procuraduría General de la República en forma de denuncia federal.

De acuerdo con los testigos, los victimarios cargaban armas largas y los custodiaron todo el camino hacia Puebla. En algún lugar, cerca de una instalación de la Policía Federal, el comando armado quiso cambiar a las víctimas de vehículo y ahí varios aprovecharon para huir.

Hasta el momento, aseguró el ombudsman Arturo Peimbert, nada se sabe de los niños y mujeres que estarían en poder del crimen organizado. Su temor es que sean víctimas de actividades ilegales como trabajos forzados y explotación sexual.

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