Rubén Mosso/Milenio
MÉXICO, D.F.- La Suprema Corte contará con un nuevo presidente a partir del 2 de enero de 2015, ya que el próximo 31 de diciembre concluye el periodo del ministro Juan Silva Meza, a quien le ha correspondido encabezar los cambios más trascendentes del alto tribunal desde la reforma judicial de 1994.

Hasta el momento, solo seis ministros han externado de manera interna su intención de contender por la presidencia de la Corte, que también incluye encabezar el Consejo de la Judicatura Federal, órgano encargado de la disciplina y vigilancia de los jueces y magistrados federales.

Desde este lunes y hasta el 5 de diciembre, los interesados deben presentar sus propuestas de trabajo, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento Interno del máximo tribunal de justicia del país.

De los seis ministros, solo tres son de carrera judicial: Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo.

El resto proviene del ámbito público o de la academia. Ellos son Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Fernando Franco González Salas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, este último llegó al alto tribunal en diciembre de 2012.

En caso de que la ministra Margarita Luna consiga el apoyo de sus homólogos, su nombramiento será histórico, porque se convertirá en la primera mujer en presidir la Corte.

La presidencia de Silva Meza que está a punto de concluir, está marcada por las reformas constitucionales más importantes del último siglo, en materia de justicia y ampliación de protección a los derechos humanos, que derivaron en la décima época judicial que constituye el nuevo paradigma de impartir justicia en México.

Muy difícilmente otro ministro será reconocido a escala internacional, como le correspondió a Silva, derivado de las sentencias y casos polémicos que resolvió la Corte en los últimos cuatro años, incluso en acato a resoluciones de tribunales internacionales.

La carrera

A comienzos del presente año, Sergio A. Valls Hernández manifestó su intención de buscar la presidencia. Se le consideró un candidato fuerte; no obstante, su estado de salud es sumamente delicado, lo que ha provocado que solicite licencias para atenderse.

De los que pueden contender, el único que no se ha pronunciado es Alberto Pérez Dayán. En los pasillos del alto tribunal se comenta que él mismo se ha descartado, porque es de reciente ingreso. Se integró a los trabajos de la Corte en diciembre de 2012.

No pueden buscar la presidencia Olga Sánchez Cordero, ya que su periodo como ministra termina el 30 de noviembre de 2015, fecha en que también pasa al retiro Silva Meza.

Mientras que José Ramón Cossío Díaz se descartó hace cuatro años de cualquier contienda por la presidencia, pues a través de una carta que hizo pública dijo que ser presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal conlleva realizar "funciones protocolarias"; adicionalmente, abundó, la necesidad de conducir los debates le impiden al presidente actuar con total libertad e incidir en las discusiones.

Los seis ministros que han comentado internamente su intención de presidir los trabajos de la Corte tienen esta semana para llegar a acuerdos entre ellos, para saber si impulsan o no a un solo candidato.

De no ser así, deben inscribirse formalmente para buscar la presidencia, a través de una votación, el próximo 2 de enero, se elegirá al nuevo presidente de la Corte, en la que pueden registrarse varias rondas, en caso de no existir consenso.

El pronunciamiento de los seis ministros es histórico, pues no es común que varios externen su intención; en la elección pasada, el ministro Juan Silva fue el único en postularse.

De acuerdo con funcionarios judiciales, quienes están firmes en su decisión de buscar la presidencia y muy difícilmente se van a bajar de la contienda son los ministros Margarita Luna Ramos, Luis María Aguilar y Fernando Franco González.

Reconocimientos

En los últimos cuatro años, la Corte ha sido parte activa de las grandes trasformaciones en la impartición de justicia en nuestro país.

En esta etapa de implantación de las reformas constitucionales, la SCJN, de manera creativa y responsable, ha emitido sentencias cuyos criterios han tenido eco a escala nacional e internacional.

Un ejemplo es el expediente Varios 912/2010 derivado del caso Radilla Pacheco contra México emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En esta resolución la Corte estableció que las sentencias condenatorias de la Corte Interamericana son obligatorias para el Poder Judicial de la Federación en sus términos, y que los criterios interpretativos contenidos en la jurisprudencia de este tribunal regional son orientadores para los juzgadores, pues es a través de estos criterios que se le da contenido a lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Defensa de los derechos humanos

La administración del ministro presidente Juan Silva Meza se caracterizó por el compromiso con la defensa y protección de los derechos humanos y se plasmó en siete protocolos de actuación judicial, que hoy son un referente y modelo para Iberoamérica.

Estos le merecieron reconocimientos nacionales e internacionales a la Suprema Corte.

Los protocolos fueron desarrollados en estrecha colaboración con expertos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil. 

Estos protocolos son herramientas para orientar la actuación de los jueces en los casos que involucren derechos de niños, niñas y adolescentes; mujeres, grupos indígenas, migrantes, personas con discapacidad y temas de identidad sexual y tortura, con pleno respeto a la autonomía judicial. 

La Corte es pionera en la elaboración de estos instrumentos, que tienen ya un impacto en el ámbito internacional.

Si bien los protocolos no tienen carácter vinculante, la normatividad contenida en ellos sí y, desde su publicación, han sido fundamento de resoluciones judiciales en las que se han reconocido, e incluso ampliado, los derechos de personas y grupos en situación de vulnerabilidad.