A. Mercado y O. Brito/Milenio
MÉXICO, D.F.- Con 83 votos a favor y 22 en contra, el Senado aprobó reformas a diversos ordenamientos para endurecer sanciones contra el terrorismo con penas de hasta 50 años y actualizar los tipos de ese delito, cuando se trate no solo de instalaciones de bienes y servicios públicos, sino ahora también privados.

Además, se incluye un capítulo contra el financiamiento al terrorismo para sancionar de manera específica el encubrimiento, incluyendo a operadores del sistema financiero.

El Senado validó el retiro de la última fracción del artículo 139 del Código Penal, que eximía específicamente a las protestas sociales de ser comparadas con hechos terroristas, lo que a decir de la izquierda restablece la persecución por disolución social, al advertir los senadores Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Fidel Demédicis y David Monreal, entre otros, que en adelante protestas como las de la CNTE, de autodefensas, de Aeroméxico o en las plataformas de Pemex pueden ser juzgadas como hechos terroristas.

El dictamen aprobado modifica el Código Penal federal y en su artículo 139 establece que se impondrá pena de prisión de 15 a 40 años y 400 a mil 200 días multa. Además, al ser agravadas, se elevan hasta los 50 años.

“A quien, utilizando sustancias tóxicas, armas químicas, biológicas o similares, material radiactivo, material nuclear, combustible nuclear, mineral radiactivo, fuente de radiación o instrumentos que emitan radiaciones, explosivos, o armas de fuego, o por incendio, inundación o por cualquier otro medio violento, intencionalmente realice actos en contra de bienes o servicios”.

Se añade que el delito se comete no solo cuando se trate de instalaciones públicas, sino privadas, o bien, contra la integridad física, emocional, o la vida de personas, que produzcan alarma, temor o terror en la población o en un grupo o sector de ella, para atentar contra la seguridad nacional o presionar a la autoridad o a un particular, u obligar a éste para que tome una determinación.

También se tipifica como terrorismo cuando alguien utilice explosivos o materias incendiarias, destruya total o parcialmente instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presten servicios a la aviación civil, alguna plataforma fija, o una nave, aeronave, u otro vehículo de servicio público federal o local.

Aunque la iniciativa presidencial contenía un último párrafo en su artículo 139, para definir que “no se considerará como un acto terrorista las manifestaciones realizadas por grupos sociales en ejercicio de los derechos humanos, sociales o de cualquier otro ejercicio derivado de un derecho constitucional, que no atenten contra bienes jurídicos de personas o que tengan la finalidad de presionar a la autoridad para que tome una determinación en cierto sentido sobre alguna demanda”, los diputados lo eliminaron y el Senado avaló ayer ese retiro.

En el debate, la perredista Dolores Padierna cuestionó que a escala internacional la legislación no tipifique el terrorismo contra bienes particulares, al acusar que a “este gobierno y a la ultraderecha pro yanquista les urge la restauración y es grave que se haya borrado ese párrafo, porque ahora hasta la libertad de expresión puede perseguirse bajo el pretexto de combatir el terrorismo”.

En el mismo sentido, los senadores Encinas y Monreal acusaron que se trata de un terrorismo de Estado, pues por primera vez se incluye a los privados, cuyos representantes pueden tener intereses en perjuicio de la sociedad, lo que restablecerá el delito de disolución social. 

Armas nucleares

Ante la amenaza real que representan las armas nucleares en el mundo y el impacto que pueden tener a escala global, el gobierno de México organizará la segunda Conferencia sobre el Impacto Humanitario de las Armas Nucleares el 13 y 14 de febrero en Nayarit, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

En conferencia de prensa, el subsecretario de Asunto Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Juan Manuel Gómez Robledo, aseguró que el objetivo de esta convención es evidenciar el grave riesgo que representan las armas nucleares sin importar que estén en posesión de países democráticos.

Actualmente existen más de 17 mil armas nucleares en el mundo, de las cuales 16 mil se encuentran en posesión de Estados Unidos y Rusia, lo que representa un riesgo para nuestro país en caso de detonación por accidente o con premeditación.