Agencias
MÉXICO y GUERRERO.- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el priista Omar Fayad, pidió que la Procuraduría General de la República (PGR) investigue el supuesto apoyo del gobierno del Guerrero a los grupos de autodefensa, según informó el sitio web de Milenio.

El legislador priista se refirió al informe hecho público el martes por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en el que se señala que el gobierno de Guerrero no solo no criminaliza, sino financia a los grupos de autodefensa.

Dijo que el presunto apoyo de autoridades estatales a este tipo de grupos es ilegal y representa una conducta incorrecta que debe ser investigada.

El priista destacó que si la CNDH desenmascaró "la doble cara" del gobierno guerrerense respecto a las policías comunitarias es porque cuenta con elementos sólidos para hacer estos señalamientos.

"Si lo dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos, algún fundamento debe tener, y si es así, es indebido, aunque no solamente es indebido, sino ilícito, porque el gobierno no puede financiar a grupos de la sociedad civil para que se armen, eso sería un delito y los delitos los investigarán quienes tienen competencia para hacerlo, particularmente el Ministerio Público federal".

En respuesta, el gobierno de Guerrero señaló que desde hace 18 años la Policía Comunitaria opera en las comunidades de la entidad; sin embargo, lo hace como auxiliar en materia de seguridad pública.

El pasado martes, al rendir un informe especial sobre el tema, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, señaló que esos grupos armados fueron y siguen siendo financiados por la autoridad estatal.

Sin embargo, también criticó que al mismo tiempo se encarcela a los integrantes de los grupos de autodefensa, como ha sucedido con Nestora Salgado García, Arturo Campos Herrera, Gonzalo Molina González y Bernardino García Francisco, entre otros.

La CNDH criticó que en Guerrero exista un vacío de poder y una grave situación de violencia que sigue sin contenerse.

El gobierno estatal señaló en un comunicado que la Policía Comunitaria, quien opera desde hace 18 años en el lugar, está avalada por la Ley 701, que toma en cuenta los derechos y la cultura de los pueblos indígenas en la entidad.

Detalla que el artículo 37 de esa norma reconoce a la Policía Comunitaria el carácter de cuerpo de seguridad pública auxiliar del Consejo Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

Por ello, precisó, el gobierno se Guerrero ha apoyado con equipamiento a la Policía Comunitaria, que trabaja dentro de la legalidad, no así a los autodenominados grupos de autodefensa, que no tiene un marco jurídico que los regule.