Agencias
MÉXICO, D.F.- El presidente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, consideró que el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier, debe responder a las acusaciones que pesan en su contra, pues al igual que cualquier ciudadano si cometió algún ilícito, “la debe pagar”.

En entrevista previa a la instalación de la Comisión Política Permanente del PRI, en Tijuana, Baja California, Camacho Quiroz dijo: “Las conductas penales son conductas personales y Andrés Granier seguramente responderá personalmente de lo que se le achaque y lo que se le impute. 

"Pedimos para Andrés Granier lo que pediríamos para cualquier mexicano, que es que en estos procesos no haya elementos que politicen la investigación, y que si alguien la hace, incluido Granier, que la pague”.

En el mismo acto, el coordinador de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, comentó que la investigación debe apegarse a derecho y no debe partidizarse.

“Justicia, que no exista impunidad, venga de donde venga y que de ninguna manera esto se partidice. Pero tampoco que exista impunidad. Ni linchamiento, ni impunidad, solo justicia”, detalló.

Sobre el proceso de expulsión de Granier de la filas del PRI, dijo que no tiene ninguna información al respecto.

Ante este caso de presunta corrupción y otros que se han dado en otras entidades de parte de los gobernadores, Beltrones pidió endurecer la rendición de cuentas puntuales de los mandatarios estatales.

Para ello se dispondrá del periodo extraordinario, para llevar a cabo una reforma constitucional en materia de endeudamiento de estados y municipios, la cual endurece los requisitos para que eso suceda y también establece nuevas formas de rendición de cuentas de los gobernantes, para que no exista ni corrupción ni desvío ni impunidad.

El también senador Emilio Gamboa pidió que se hable de todos los casos, no solo del de Andrés Granier.

Señaló que también está un ex gobernador del PAN prófugo y nadie dice nada, y hay que hablar de todos.

Confían en Poder Judicial

A partir del lunes, la defensa de Andrés Granier iniciará el desahogo de pruebas de descargo ante la Procuraduría General de la República, e interpondrá otros amparos para protegerlo de otras posibles acusaciones.

El penalista Eduardo Luengo Creel dijo que confía en que el Poder Judicial de la Federación le conceda la suspensión provisional de amparo contra el arraigo que autorizó un juez del fuero común con sede en Tabasco.

En entrevista, dijo que tras la extensa declaración de su cliente en la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada, ahora demostrará que son falsas las acusaciones por el presunto desvío de recursos del erario.

“De ninguna manera tengo temor a la manera en que proceda la PGR, tras las declaraciones del químico, y el desahogo de pruebas que iniciaré este lunes, se demostrará que él es ajeno a los hechos que se le imputan”, agregó.

Dijo que Granier continúa bajo estricta observación médica, ya que durante la madrugada presentó dolores en el pecho, por lo que se le practicaron nuevos estudios.

Caso Ney González

El gobierno de Nayarit investiga el endeudamiento heredado por la administración de Ney González Sánchez, luego de que se ubicó como el segundo estado con mayor déficit.

En entrevista durante su participación en la instalación de la Comisión Política Permanente del PRI, el gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dio a conocer la investigación respecto de una deuda de 7 mil millones de pesos.

“Otros gobernadores se quejan de que les dejaron las arcas vacías, yo no encuentro ni las arcas”, dijo el mandatario.

Sin embargo, aclaró que aún no se han girado citatorios judiciales contra el ex gobernador priista.

Sandoval explicó que en proporción, Nayarit era hace 20 meses, cuando protestó al cargo, el segundo estado más endeudado del país, lo que le hizo iniciar su gestión en medio de una situación muy complicada.

Según Sandoval, en materia de deuda ya se redujo en alrededor de 20 por ciento.

Por otra parte, consideró que además de la deuda, el estado registraba una situación grave en materia de seguridad.