Sólo analizamos violación a derechos de Cassez: ministra

Olga Sánchez, magistrada de la SCJN, reconoce que aunque la francesa acusada de secuestro está libre, no significa que sea inocente.

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Sánchez Cordero: la detención de Cassez demuestra graves violaciones a sus derechos, pues hubo un montaje televisivo. (Agencias)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizó la violación a los derechos de la ciudadana francesa Florence Cassez, no su inocencia o culpabilidad, afirmó la ministra Olga Sánchez Cordero.

En entrevista en el espacio radiofónico Reporte 98.5 de la periodista Yuriria Sierra, Sánchez Cordero se dijo satisfecha por el fallo de la Corte y subrayó que en este caso "no nos regimos por opiniones mayoritarias del público" que eran en contra de Cassez, dio a conocer Notimex..

En ese sentido, reconoció que el hecho de que Cassez Crepin esté libre no quiere decir que sea inocente y señaló que las víctimas tienen derecho a la justicia y a la verdad, siempre y cuando "se respeten los derechos de las personas que han sido juzgadas".

La ministra añadió que la exigencia de la liberación de la ciudadana francesa se debió a diversos principios, entre ellos el de presunción de inocencia, el "derecho fundamental del debido proceso".

Así como a la asistencia consular en el caso de extranjeros, pues su detención, dijo, demuestra graves violaciones a los derechos de Cassez, toda vez que hubo un montaje televisivo.

Sánchez Cordero señaló que investigó a profundidad el expediente de la ciudadana francesa, por lo que se dio cuenta que las víctimas iban cambiando sus declaraciones conforme avanzaba la investigación, y que además "no se llamó a muchas personas que debieron ser llamadas para el caso".

Respecto a la controversia que ha originado este caso, la ministra subrayó que cumplió como juez constitucional, y que el fallo de la Suprema Corte se suscribe en los derechos de Florence Cassez Crepin.

Sobre los responsables y diversos actores que tuvieron que ver en el caso, precisó que no es posible, ni constitucional ni legalmente, que la Corte se haga cargo de ellos.

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