12 de Diciembre de 2018

México

Suspenden a 468 burócratas de 30 estados

La SFP comprobó que usaron sus huellas para falsificar datos de adultos mayores.

Los promotores falsificaron la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios. (E-Tlaxcala)
Los promotores falsificaron la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios. (E-Tlaxcala)
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Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- De los 468 empleados públicos de la Secretaría de Desarrollo Social que fueron suspendidos de manera precautoria por falsificar pruebas de supervivencia de adultos mayores, 75 ya fueron sancionados con la suspensión por seis meses y la aplicación de una sanción económica, informó la Secretaría de la Función Pública (SFP).

De acuerdo con información de la agencia Notimex y el diario Milenio, la dependencia informó que en el marco de las investigaciones emprendidas a partir de la auditoría número 01/2016, iniciada en enero de 2016, respecto del ejercicio 2015, se logró comprobar que los promotores sancionados, plasmaron sus huellas dactilares en los lectores biométricos utilizados en el enrolamiento y en la comprobación de la supervivencia de algunos beneficiarios de un programa para adultos mayores.

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Ante ello, la Secretaría de la Función Pública determinó suspender de manera precautoria a 468 servidores públicos, que desempeñaban sus labores en 30 entidades federativas de la República Mexicana, para continuar con las diligencias correspondientes.

Además, la SFP, a través del Órgano Interno de Control, dio vista a la Unidad de Asuntos Jurídicos de Sedesol, quien a su vez presentó denuncia ante la Procuraduría General de la República, la cual, inició las investigaciones correspondientes contra los promotores y quien resulte responsable, explicó la dependencia.

Agregó que la SFP continúa con las acciones correspondientes para, en su caso, aplicar nuevas sanciones administrativas a los empleados públicos involucrados.

En días pasados, la SFP propuso modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las principales leyes que dan forma al Sistema Nacional Anticorrupción, para fortalecer el sistema de denuncias por actos de corrupción cometidos por servidores públicos.

La propuesta, planteada por la secretaria Arely Gómez en un foro celebrado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, incluye también fortalecer la protección a los denunciantes.

Arely Gómez adelantó que el Comité Coordinador del SNA, del que forma parte, acordó la creación de un Grupo de Trabajo para analizar de manera integral la Ley General de Responsabilidades Administrativas y el resto de los ordenamientos relacionados con el sistema.

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