CIUDAD DE MÉXICO.- El año pasado 2018, fue el año de la impunidad en México. Las cifras oficiales refieren que, menos del uno por ciento de los delitos (en general) fue castigado. En el caso de los funcionarios públicos, la impunidad exentó de castigo al 94 por ciento de ellos.

De acuerdo a Sin Embargo, en nuestro país, el 99.3 por ciento de los delitos a nivel nacional, no son castigados, según datos del Índice Global de Impunidad México 2018. La proporción actual es, inclusive, superior al resultado del año pasado (98.6).

Como consecuencia, México “vive un momento crítico, producto del profundo deterioro en el desempeño de las instituciones de seguridad y justicia, donde el Estado mexicano es incapaz de garantizar a sus ciudadanos las condiciones mínimas de seguridad (su principal responsabilidad en un sistema democrático)”, se lee en el IGI-MEX 2018.

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Asimismo, las cifras del Gobierno federal indican que, entre enero y octubre de 2018, hubo 13 mil 480 reportes de delitos cometidos por servidores públicos a nivel nacional. Este dato contrasta con el número de funcionarios que fueron sancionados por algún crimen o irregularidad (821 casos) y que –comparado con la incidencia de delitos registrados– implica que sólo el 6.09 por ciento de los casos fue castigado.

El reducido nivel de punición de este año, no obstante, se ha mantenido desde 2015. Desde entonces, el acumulado de reportes de delitos cometidos por funcionarios públicos ascendió a 53 mil 292 casos; y en paralelo, la cantidad acumulada de funcionarios sancionados fue de 2 mil 933 registros (equiparable al 5.5 por ciento de los delitos cometidos).

Entre el 1 de enero de 2000 y el 30 de abril de 2018, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF) consignó 30 averiguaciones previas (11 por fraude y 19 por peculado) contra funcionarios públicos que delinquieron. De estas carpetas, 20 derivaron en órdenes de aprehensión, aunque sólo hubo dos sentencias condenatorias (el 6.6 por ciento de los casos).

La falta de atención a casos sucedió, asimismo, con las denuncias penales presentadas ante la PGR por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

De diciembre de 2000 a octubre de 2018, la ASF remitió 971 denuncias. Sin embargo, hasta enero de este año, sólo 23 estaban consignadas (para ejercer una acción penal) y una implicó sentencia condenatoria. Es decir que, en 18 años, el Ministerio Público federal ha resuelto el 2.5 por ciento de estos casos.

Debido a que “la impunidad es una variable que es origen y destino de otros problemas nacionales como la inseguridad, violencia, corrupción, desarrollo económico e inclusive de la desigualdad social”, urge que las instituciones de gobierno aumenten su efectividad en materia de procuración de justicia, se lee en el informe del IGI-MEX 2016.

La crisis de impunidad en México se torna aún más crítica ya que, en promedio desde 2010, el 93 por ciento de los delitos no son denunciados por tres principales motivos: por ser una “pérdida de tiempo” (34.2 por ciento de los casos), por “desconfianza en la autoridad” (16.5 por ciento) o por la dificultad que implica tramitar una denuncia (7.7 por ciento), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi).