Lorena López/Ignacio Alzaga/Milenio
MÉXICO, D.F.- La mitad de los municipios de la Tierra Caliente donde las fuerzas federales asumieron el mando de la seguridad tienen las tasas de homicidios más altas en el país, comparadas incluso con regiones como Centroamérica, considerada la más violenta del mundo.

Mientras Honduras registra 90 homicidios por cada 100 mil habitantes, la localidad guerrerense de Pedro Ascencio Alquisiras tiene un índice de 85.

Guerrero tiene la tasa más alta de homicidios en todo el país, con 35 por cada 100 mil habitantes, pero municipios como Teloloapan con tasas de 76, Apaxtla con 64, Coyuca de Catalán con 59, Iguala con 46, San Miguel Totolapan con 42 y Ajuchitlán con 41 superan este promedio.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa superior a 10 homicidios por cada 100 mil habitantes es considerada como una epidemia.

En total, los 36 municipios que ahora contarán con presencia y mando federal en materia de seguridad suman una población de un millón de habitantes, pero promedian 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, superior a la tasa de 11 a nivel nacional.

La mayoría de las localidades que forman parte de este Operativo Especial en la Tierra Caliente tienen entre 10 y 20 mil habitantes y en promedio cinco homicidios dolosos en lo que va del año; sin embargo, la tasa de estos homicidios es de las más altas en todo el país.

Según las cifras de incidencia delictiva a nivel municipal del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de los ocho municipios del Estado de México que ahora serán patrullados por las fuerzas federales, con un mando del Ejército —Amatepec, Ixtapan de la Sal, Zacualpan y Zumpauacán—, superan la tasa de 10 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes que se registra a escala estatal.

Estos ocho municipios mexiquenses tienen una población total de 233 mil habitantes, de acuerdo con el más reciente Censo de Población del Inegi, que representa 1.53 por ciento de los más de 15 millones de habitantes de todo el Estado de México.

De los municipios que ya tienen un operativo especial en la Tierra Caliente de Michoacán, se sumaron al anuncio del gabinete de seguridad del pasado miércoles solo Huetamo y San Lucas, con 60 mil habitantes en total y con tasas 14 y 37 homicidios por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio estatal asciende a 18.

Morelos, que será un caso especial por haber asumido ya su policía estatal el mando en todos los municipios y mantenerse así a pesar de la llegada de las fuerzas federales, tiene a escala estatal una tasa de 19 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes hasta lo que va de 2014, pero Puente de Ixtla alcanza 42, Coatlán 31 y Tetecala 13. Amacuzac es el único caso donde, de acuerdo con cifras de 2011, no se denunció un solo homicidio.

Estas cuatro localidades morelenses tienen una población de 95 mil habitantes y representan 5 por ciento de los más de un millón 777 mil de toda la entidad.

En Guerrero, aunque no rebasan el promedio estatal de 35 homicidios por cada 100 mil habitantes, tienen cifras superiores a la tasa nacional Cocula con 20 homicidios por cada 100 mil habitantes, Cutzamala con 23, Eduardo Neri con 19, Ixcateopan con 30, Pungarabato con 40, Tlalchapa con 26, Pilcaya con 25, Tlapehuala con 18, Taxco con 17 y Zirándaro con 15.

Contra la liga crimen-política

Las políticas de seguridad deben estar orientadas a impedir la vinculación del crimen organizado con la política, afirmó José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia Penal.

Dijo que de lo contrario todo esfuerzo para desmantelar a los grupos criminales y combatir la impunidad estará condenado al fracaso.

Sostuvo que las estrategias para evitar que los municipios sean infiltrados por la delincuencia organizada fracasaron, a pesar de que el gobierno federal anunció presupuestos millonarios para apoyarlos.

Criticó la estrategia que ha impulsado Roberto Campa, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, pues aseguró que no ha tenido avances.

“La política de prevención que ha manejado (Campa) ha sido tirar el dinero y evidentemente que no ha tenido resultados positivos... las pruebas están ahí en Guerrero, Michoacán y Tamaulipas”, agregó.

Ortega consideró que lo único que permitirá reducir los niveles de violencia e infiltración de organizaciones criminales en los gobiernos locales será el abatimiento de la impunidad y la corrupción.