23 de Septiembre de 2018

México

Tlatlaya, la verdad que huye

El caso ha dado varios vuelcos desde que se conoció lo ocurrido el 30 de junio de 2014.

La masacre se registró en 2014 en una bodega de San Pedro Limón, Estado de México, en el municipio precisamente de Tlatlaya. (Archivo/Agencias)
La masacre se registró en 2014 en una bodega de San Pedro Limón, Estado de México, en el municipio precisamente de Tlatlaya. (Archivo/Agencias)
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Juan Pablo Becerra-Acosta/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- El caso Tlatlaya ha estado envuelto en polémicas desde junio de 2014. Y este fin de semana, desde el viernes 13, no fue la excepción, cuando un magistrado falló a favor de los tres últimos soldados que habían sido procesados por homicidio y determinó su libertad, ante lo cual la Procuraduría General de la República (PGR) se inconformó.

El caso ha dado varios vuelcos desde que se conoció lo ocurrido en una bodega de San Pedro Limón, Estado de México, en el municipio precisamente de Tlatlaya: el 30 de junio de 2014 la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que se había producido un enfrentamiento entre militares y miembros de la delincuencia organizada en la comunidad de Cuadrilla Nueva, en una zona que colinda con Guerrero y Michoacán. Es un área en la cual hay intensa actividad criminal: tráfico de drogas, secuestro y extorsiones.

La Sedena indicó que, alrededor de las 05:30 horas de ese día, un grupo de soldados realizaba un recorrido de vigilancia cuando avistó una bodega que era custodiada por personas armadas. Al aproximarse para efectuar una inspección del lugar, los soldados fueron recibidos a balazos. Los militares repelieron la agresión y en el enfrentamiento murieron 22 delincuentes, entre ellos una mujer menor de edad. Un militar resultó herido.

De acuerdo con la versión de la Sedena, en la bodega se cocinaban drogas, aparentemente metanfetaminas. En el lugar de los hechos fueron encontradas y decomisadas 38 armas. Además, tres mujeres que en un principio se dijo que permanecían secuestradas fueron rescatadas, de acuerdo con el Ejército. No hubo mucha más información en ese momento, solo trascendió que los criminales supuestamente pertenecían al cártel Guerreros Unidos, que poco después, en septiembre, sería muy conocido por su monstruosidad en un lugar no muy lejano de Tlatlaya: Iguala, a 160 kilómetros.

La Procuraduría de Justicia del Estado de México respaldaría la versión, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero poco después reportes de AP y Esquire dieron a conocer versiones de testigos que hablaban de una ejecución ocurrida después de un primer enfrentamiento. La PGR atrajo el caso y meses después la CNDH, bajo el mando del anterior ombudsman Raúl Plascencia, rectificó: sí, sí habría habido ahí una ejecución de varios criminales luego de la primera escaramuza.

La CNDH —informó en su recomendación 51/2014— logró acreditar que algunos soldados mataron arbitrariamente a personas ya sometidas y rendidas, luego de un enfrentamiento que duró de cinco a diez minutos. A similar conclusión había llegado la PGR previamente.

Siete elementos del Ejército fueron juzgados en el fuero de guerra, y solo uno de ellos fue sentenciado 

Este fin de semana la liberación en el fuero civil de los últimos tres de los ocho militares implicados en el caso se ordenó porque la PGR no demostró la ejecución extrajudicial ni otros delitos como encubrimiento y modificación de la escena, puntualizó en su resolución el magistrado del sexto tribunal unitario del segundo circuito, Adalid Ambriz Landa.

Expuso que, ante la “insuficiencia probatoria” del Ministerio Público de la Federación respecto a la hipótesis de que soldados asesinaron a ocho presuntos agresores que se habían rendido, “no es posible vulnerar los derechos humanos de los procesados” en aras de la justicia que demandan las víctimas indirectas de estos hechos.

Se trató, explicó, de ajustarse al debido proceso.

Eso sí, el magistrado afirmó que su fallo no implicaba impunidad. En la foja número 515 del expediente, Ambriz Landa señaló: “(…) procede dictar auto de libertad por falta de elementos para procesar, sin perjuicio de que por medios posteriores de prueba el Ministerio Público actúe nuevamente contra los inculpados, pues en estos casos no opera el sobreseimiento hasta en tanto prescriba la acción penal del delito de que se trata”.

En su fallo, el magistrado dijo haber encontrado diversas inconsistencias en las pruebas aportadas por la PGR, como declaraciones contradictorias de tres testigos sobrevivientes. En sus primeros testimonios las tres mujeres, a quienes los militares supuestamente liberaron, aseguraron que solo hubo un enfrentamiento que duró alrededor de ocho minutos. Posteriormente afirmaron lo contrario, que se había perpetrado una ejecución después del primer enfrentamiento. También variaron sus dichos acerca del horario de los hechos: primero señalaron que fue alrededor de las 5 am y después a las 7 am, lo que distorsionaría sus declaraciones sobre las condiciones de luz en que pudieron observar lo que realmente sucedió, así como la identidad de los militares.

Igualmente causa polémica la existencia de peritajes que determinan disparos lejanos contra otros estudios, como los citados por la CNDH, que establecen disparos a quemarropa.

La PGR informó en un comunicado que “solicitará el expediente del caso y llevará a cabo todas las diligencias que sean necesarias para aportar los elementos de prueba requeridos, a fin de evitar que los delitos cometidos el 30 de junio de 2014 en Tlatlaya, Estado de México, queden impunes”.

El magistrado consideró: “Las pruebas que obran en autos son insuficientes para acreditar que después del primer evento de disparos que duró aproximadamente ocho minutos, sostenido en la primera versión de los hechos, haya existido un segundo evento en el que tres militares ingresaron a la bodega y privaron de la vida a ocho personas”.

Además el magistrado avaló aquel primer peritaje de la Procuraduría del Estado de México en el que se asentaba que todo había sido un enfrentamiento sin que se hubiera modificado el lugar de los hechos, así que los militares fueron exonerados de las acusaciones de homicidio, encubrimiento (en la modalidad de alteración) y modificación ilícita de vestigio del hecho delictivo.

El Sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito ordenó la liberación de Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides, quienes se encontraban en la Prisión Militar Número 1-A, en la Ciudad de México.

La PGR señaló que el magistrado titular del citado tribunal desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides: “Conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República acata esta resolución judicial. Sin embargo, el Ministerio Público de la Federación considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares”, puntualizó.

Los acusados
  • Los tres elementos del Ejército mexicano eran los únicos que enfrentaban proceso penal en el fuero civil, pues otros cuatro quedaron en libertad anteriormente en esa jurisdicción.
  • Siete elementos del Ejército fueron juzgados en el fuero de guerra, y solo uno de ellos fue sentenciado a un año de prisión al encontrarlo responsable del delito de desobediencia.
  • En sus declaraciones finales los testigos son explícitos al detallar cómo fue que varios militares, luego de un primer enfrentamiento, ejecutaron a varios criminales.

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