Ceci Escobar y Olinka Valdéz/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- Las mujeres que viajan en transporte público en la zona conurbada no sólo enfrentan el riesgo de que cualquier persona tome imágenes de sus cuerpos sin su consentimiento, sino también un largo camino en el que denunciar lleva hasta 36 horas, pero el castigo alcanza 12 horas de arresto o una multa de hasta 716 pesos.

Además, las sanciones cambian dependiendo si ocurrió en el Estado de México o en la Ciudad de México, pues mientras que en el primero es considerado acoso sexual y sancionado con penas de hasta dos años en prisión; en la CdMx no es un delito sino una falta a la dignidad de las personas.

En la Ciudad de México, al menos tres mujeres acuden diariamente a la Procuraduría General de Justicia (PGJDF) para denunciar que les toman fotos o videos de sus cuerpos sin su consentimiento, principalmente en el transporte público.

El Código Penal de la Ciudad de México define el acoso sexual como la "serie de conductas sexuales indeseables para quien las recibe o solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona".

En los últimos dos años, la dependencia inició 72 averiguaciones previas por acoso y durante el primer trimestre de 2016 tiene registro de una sola denuncia, aunque la información disponible en el portal no precisa si la agresión se registró o no en el transporte público.

El Código Penal de la Ciudad de México define abuso sexual como la serie de actos sexuales realizados sin contar con el consentimiento de una persona, y junto con el acoso y el estupro, integran el catálogo de delitos sexuales, ninguno de ellos considerado grave.

En 2014, la PGJDF inició 414 averiguaciones previas por abuso sexual contra mujeres en transporte público, que representaron 23 por ciento del total de denuncias por abuso.

El año pasado, 182 mujeres denunciaron haber sufrido abusos sexuales en transportes públicos.

Sin embargo, que alguien le tome fotos a una persona, sin su consentimiento, no es calificado como un delito, sino una falta a la Ley de Cultura Cívica, en el apartado donde se incluyen situaciones como permitir el ingreso de un menor de edad a un lugar que le está prohibido o golpear a alguien sin provocarle lesiones.

Mensajes de amenaza

Ajenas a las diferencias sutiles entre las agresiones que padecen las mujeres en el espacio público, Gabriela y Ninde comparten una serie de circunstancias: fueron agredidas en el transporte público, denunciaron los hechos en redes sociales antes de acudir a las autoridades y como respuesta recibieron mensajes amenazantes.

Desde sus cuentas personales de Facebook, Gabriela acusó a un hombre de grabar bajo su falda mientras se dirigía a la FES Acatlán y Ninde denunció que un sujeto eyaculó encima de su pantalón mientras viajaba acompañada de una amiga en un vagón rosa -supuestamente exclusivos para mujeres- de la Línea 2 del Metro, con dirección Tasqueña.

Gabriela presentó una denuncia por acoso sexual en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y Ninde, una por abuso en la PGJDF.

"Cuando empezó a hacerse viral, los machitrolls empezaron a acosarme. Han subido de tono las amenazas. Decían que a la próxima me iban a violar; empezaron a llamarme lesbiana y me acusaban de haber manchado mi pantalón", contó Ninde.

Fueron las amenazas y comentarios misóginos los que las impulsaron a presentar una denuncia por abuso sexual en la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales de la PGJDF.

"No estamos educados para diferenciar estas cosas y vemos que los ciudadanos queremos venganza, la gente se molesta porque todos quieren ver al acosador o al delincuente en la cárcel. La sociedad interpreta que la única pena es la cárcel. No son delitos graves, no van a ir nunca a prisión", dijo Alicia Rosas Rubí, fiscal de Delitos Sexuales de la PGJDF.

Múltiples intentos

La funcionaria explicó que el proceso puede demorar hasta 36 horas porque la víctima debe declarar y someterse a pruebas psicológicas y médicas. Posteriormente el Ministerio Público determina si se trata de un delito o una falta administrativa y la fiscalía designa un asesor jurídico o un abogado que acompaña a la víctima durante el proceso.

A los 10 retuits, Ninde recibió respuesta del Instituto de las Mujeres y más tarde del Sistema de Transporte Colectivo Metro, que sugirió presentara su queja en los módulos del programa "Viajemos Seguras". Al no encontrar a nadie, ingresó la queja en la plataforma electrónica del Metro luego de tres intentos. 

La joven presentó su denuncia en la Procuraduría capitalina, pero tiene dudas: "Creo que es un tipo que lo hace siempre. Creo que lo que me haría sentir mejor es que realmente empiecen a poner medidas de seguridad en el transporte y en la calle. No se comprometen con la seguridad de los usuarios. En Twitter, una chica me dijo que justo ayer le levantaron la falta y a otra le agarraron una nalga. ¿A quién denuncio? ¿Y si lo detienen? que bien, pero afuera hay 800 más".

Por su parte, Gabriela dijo que las autoridades han dado seguimiento a su caso aunque reconoce el peso de que su caso se viralizara a través de redes sociales: "Si no hubiera sido mediático no me hubieran pelado".

De acuerdo con datos del INEGI, 57.9 por ciento de las mujeres que trabajan en la Ciudad de México utilizan el transporte público.