Agencias
TANQUIAN DE ESCOBEDO, San Luis Potosí.- Mientras los altos mandos de las fuerzas armadas mexicanas exigen un marco legal para su actuación en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, se suman las denuncias de desapariciones y torturas por parte de militares. Este es uno de los casos que publica The Associated Press.  

Cuando Juan Carlos Soni Bulos escuchó esa madrugada de noviembre que destrozaban su puerta, buscó desesperadamente en su teléfono para pedir ayuda.

De poco sirvió: afuera de la ventana de su cuarto, un marino mexicano con un pasamontañas y un casco ya le apuntaba con el fusil. "Suelta ese celular o te pego un tiro", advirtió al activista de derechos humanos.

Los marinos le taparon los ojos, le amarraron las manos y se le llevaron junto con cuatro personas más --familiares y amigos-- a una bodega sin ventanas y poco iluminada. Entonces, dice Soni, comenzaron las horas de tortura: golpes, choques eléctricos, asfixia, abuso sexual. Escuchó a su sobrino adolescente gritar mientras le aplicaban toques en las costillas.

"Con esto se te van a quitar las ganas de andar defendiendo los derechos", le dijo uno de sus captores.

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La Iniciativa Mérida

En medio de preocupaciones por posibles violaciones a derechos humanos, Estados Unidos retuvo cinco millones de dólares de la Iniciativa Mérida -un plan de apoyo en materia de seguridad a México- en 2015. Meses después, en septiembre de 2016, el Departamento de Estado estadounidense recomendó al Congreso de su país que se liberaran todos los recursos.

La Iniciativa Mérida, acordada en 2007, considera fondos por casi dos mil 500 millones de dólares para equipo y entrenamiento de las fuerzas de seguridad mexicanas y para apoyar a su sistema de justicia. Estados Unidos puede retener un porcentaje si considera que no cumple ciertos criterios en materia de derechos humanos.

Frente a las críticas internacionales, México sostiene que hace lo necesario para evitar el uso de la tortura en sus instituciones de seguridad.

Sin embargo, cuando las instituciones de seguridad utilizan la tortura prevalece la impunidad. De diciembre de 2006 a octubre de 2014, la Procuraduría General de la República registró cuatro mil 055 denuncias de tortura, de las cuales casi una tercera parte eran contra las fuerzas armadas, aunque casi en el mismo periodo sólo 13 policías y/o soldados fueron sentenciados por ese delito.

Además, una de cada cinco quejas por tortura presentadas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre 1994 y 2014 fue contra marinos, según un recuento de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Ningún marino figura entre los sentenciados por tortura.

En el caso de Soni, nadie ha enfrentado ningún cargo.

Luis Edgardo Charnichart Ortega (izq), Evanibaldo Larraga Galvan (c), y Juan Carlos Soni Bulos, en la terraza de la casa de Soni, En Tanquian de Escobedo, San Luis Potosí. Los tres fueron detenidos y torturados por marinos.

Ninguna autoridad de las secretarías de Marina o la Defensa Nacional respondieron a peticiones de entrevista.

A diferencia de otras víctimas de tortura, Soni contaba con recursos a su favor: tenía familiares políticamente activos y conexiones en el mundo de los derechos humanos. A finales de la década de 1990, trabajó como observador internacional para las Naciones Unidas en Guatemala, y cuando regresó a México continuó su trabajo de defensa en comunidades indígenas en una región conocida como la Huasteca.

Esa madrugada del 9 de noviembre de 2013 no era la primera vez que los marinos visitaban su casa en el estado de San Luis Potosí, en una zona donde lo que abundan son las montañas y las cascadas. Casi cinco meses antes, el 22 de junio, Soni manejaba a su casa después de dar clases cuando recibió una llamada de su hermana, quien le dijo que no se acercara, que marinos y policías federales estaban ahí.

Esa tarde de junio fue detenido Luis Enrique Biu González, el jardinero de Soni y quien vive en su casa. Lo golpearon y le pusieron una bolsa de plástico hasta casi asfixiarlo, asegura Biu. Un marino le apuntó una pistola en la cabeza; le preguntó si era gay y lo amenazó, siempre exigiéndole que le dijera donde estaba Soni.

Entrada delantera de la casa de Juan Carlos Soni Bulos en Tanquián de Escobedo, San Luis Potosí, México.

Los marinos se llevaron las computadoras en las que Soni guardaba expedientes de violaciones a derechos humanos que había documentado en la zona. En medio de la noche volvieron a la casa, sin encontrar a nadie.

Soni dice no saber con exactitud por qué los marinos lo atacaron. Quizá fueron las quejas por abusos de derechos humanos que ayudó a algunas personas a interponer en su contra y otras fuerzas de seguridad en el área. O tal vez alguien con cierta influencia lo vio como una amenaza política.

Poco después de la incursión de junio, Soni buscó la asesoría de sus contactos en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. Le dijeron que buscara apoyo del programa de protección a defensores del gobierno federal mexicano.

Soni entró al programa el 26 de junio de 2013, según muestran archivos gubernamentales. En la Procuraduría General de la República le dijeron que no tendría más problemas. Incluso, el gobierno activó un número de "pánico" en su teléfono celular que debía marcar en caso de alguna emergencia.

"Me dio cierta tranquilidad", dice que pensó entonces.

La madrugada en que se lo llevaron, Soni intentó sin éxito encontrar el número de pánico.

"No desaparecerá de la noche a la mañana"

"Sin duda la tortura no desaparecerá de la noche a la mañana, pero no toma generaciones", dijo Juan Méndez, relator Especial sobre la Tortura de la ONU, quien en un reporte de 2014 concluyó que esa práctica era "generalizada" en México y asegura que a menos que la única manera de detenerla es que se investigue y castigue a los culpables.

"La impunidad genera nueva tortura", dijo.

En su reporte al Congreso para pedir la restitución de los fondos retenidos de la Iniciativa Mérida, el Departamento de Estado estadounidense señaló que México enfrenta importantes desafíos, "incluyendo reportes de fuerzas del orden y militares involucradas en desapariciones forzadas y asesinatos extrajudiciales; el uso de tortura; impunidad y violencia y amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos". En sus recomendaciones para dar los fondos, la dependencia estadounidense refiere varias medidas que ha tomado el gobierno, pero el caso de Soni sugiere que no han sido suficientes:

• Estados Unidos menciona el programa del gobierno mexicano para proteger a defensores de derechos humanos y periodistas, conocido coloquialmente como "el mecanismo". Sin embargo, Soni fue inscrito cinco meses antes de que los marinos se lo llevaran.
• Estados Unidos refiere el trabajo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que investiga y da a conocer casos de violaciones a las garantías individuales. El organismo investigó el caso de Soni, aunque emitió una recomendación apenas en septiembre, casi tres años después de su detención. La conclusión es que hubo maltrato, pero no tortura, y no hizo referencia a las horas que permanecieron en la bodega. Los abogados de las víctimas ya interpusieron un recurso legal contra lo que consideran omisiones de la institución al revisar el caso.
• Estados Unidos destaca a una nueva ley contra la tortura que pasó en el Senado mexicano en abril y está pendiente de ser discutida y aprobada en la cámara baja. Y aunque la tortura ya era considerada ilegal, la comisión de derechos humanos recibió en el último año 628 quejas de tratos crueles y degradantes, además de 49 por tortura en los que se acusa a funcionarios.
• Estados Unidos pone énfasis en que el país cuenta con un sistema de justicia más transparente e implementado en los 31 estados y la capital del país. No obstante, un reciente estudio de un centro de investigación mexicano reveló en octubre que a pesar de que se habían documentado heridas causadas por tortura, jueces en el Estado de México, el más poblado del país, no ordenaron que se investigaran los casos y tampoco rechazaron las pruebas.

"México ha emprendido un ambicioso esfuerzo para modernizar y reformar su sistema de procuración y administración de justicia", señaló la embajada de Estados Unidos en México, la cual aseguró que la recomendación del Departamento de Estado estuvo basada en criterios específicos establecidos por su Congreso. "Estamos comprometidos en apoyar los esfuerzos de México para aumentar el respeto a los derechos humanos".

El subsecretario mexicano de Derechos Humanos, Roberto Campa, afirmó que erradicar el uso de la tortura es una prioridad para el gobierno y que espera ver un aumento en el número de sentencias contra los responsables de cometer esos delitos. Aseguró que con el nuevo sistema de justicia en México, la evidencia obtenida bajo tortura será rechazada.

"Por muchos años había corporaciones de policía que consideraron que la tortura es un método de investigación", reconoció el funcionario.

Luis Edgardo Charnichart Ortega, amigo de la infancia del activista de derechos humanos Juan Carlos Soni Bulos, muestra la documentación de su caso legal.

Entre lágrimas que por momentos detenían la conversación, Soni y tres personas más contaron a The Associated Press lo que pasó. Todos hablaron desde el jardín de su casa, ahora rodeada por una valla metálica que termina en alambre de púas y varias cámaras instaladas por el gobierno.

Cuando los marinos estaban por llevárselo, Soni les pidió que le permitieran detenerse un momento frente a la figura de madera de Jesús afuera de su puerta. Se arrodilló, le besó los pies y rezó: "Señor, sólo tú sabes a dónde me llevan. Ayúdame a volver con bien".

Entonces un marino le gritó: "¡Ya cab...!" y lo jaló del cabello.

Poco después, mientras los marinos lo trasladaban en una camioneta hacia una bodega, Soni les dijo que él era parte del programa de protección a defensores. "Yo tengo protección", repitió a sus captores. "Están cometiendo un error", les aseguró.

Juan Carlos Soni Bulos, que  formaba parte de una programa gubernamental de protección, posa de pie detrás de una reja de hierro en la puerta de su casa en Tanquian de Escobedo.

"Sí, muy influyente, hijo de tu chin... madre", le respondió uno.

Ya en la bodega, fueron obligados a arrodillarse en el piso de concreto, recuerda. Cuando le destaparon los ojos, vio a gente vestida de negro. Uno de ellos les tomó una fotografía con una tableta y les volvió a cubrir los ojos.

Los marinos les untaron las manos con un gel y les dijeron que tocaran unas bolsas y algunos objetos de metal. Al parecer querían que pusieran sus huellas sobre algunas armas y drogas. Cuando los hombres se resistieron no se hicieron esperar golpes y patadas.

Biu, quien también fue llevado junto con Soni y otros, recuerda que los marinos les dieron choques eléctricos.

"Ahorita le vamos a poner al gordito, a ver si aguanta", dijo uno de los marinos sobre Soni.

Biu escuchaba los gritos a unos pocos metros: "¡Ya no, ya no!", mientras un marino le exigía "¡Di la verdad cab...!". Alguno acercó unos cables a los oídos de Biu para que pudiera escuchar el zumbido de la corriente.

Soni dice que los marinos lo golpearon, le dieron toques eléctricos y le hicieron cosas que prefiere no sean publicados.

Sin justicia

La justicia no ha llegado para Soni, ni para muchos como él.

En abril circuló un video en el que soldados y una policía federal torturaban a una mujer. En las imágenes se ve cómo una policía militar la jala del cabello y le pone el cañón de su fusil en el cráneo. La agente le mete la cabeza en una bolsa de plástico y la sostiene así hasta que casi se desmaya.

Tras el video, el secretario de la Defensa Nacional ofreció una inédita disculpa pública, aunque la víctima continúa en prisión bajo cargos de posesión ilegal de armas.

Después de la tortura, Soni y los otros también fueron enviados a prisión acusados de posesión de armas. A ellos les agregaron cargos por drogas. Todos pasaron más de un año en una prisión de máxima seguridad en el estado occidental de Nayarit sin derecho a fianza, hasta que en marzo de 2015 un juez los exoneró.

Desde el momento en que fueron encerrados en la cárcel hasta que el día que se les retiraron los cargos, ninguno de ellos vio una sola vez al juez. Soni espera que eso cambie con el nuevo sistema de justicia en México, que a partir de mediados de este año obliga a ambas partes a presentar sus argumentos y evidencias frente a jueces. Su caso es ahora investigado por una unidad especial para investigar la tortura, la cual fue creada hace un año.

Juan Carlos Soni Bulos juega con una flor mientras recuerda su dura experiencia en manos de los marinos.

Todos los hombres quedaron marcados por esa experiencia y algunos simplemente prefieren no hablar sobre los detalles de su tortura. El sobrino más grande de Soni, Evanibaldo Lárraga Galván, aún tiene un nódulo en el cuello, de donde un marino lo agarró y sofocó esa madrugada.

Luis Edgar Charnichart Ortega, un profesor y amigo de la infancia de Soni que esa noche se quedó a dormir en su casa, se pregunta: "¿Hay acaso un castigo suficiente para que se pague todo el daño hecho?"

Charnichart ha tenido desde entonces dificultades para trabajar.

"Mi mente todavía, dicen los sicólogos, ellos la tienen", dice. "Después de que te toman, nada de ti debe quedar, ese es su objetivo: desaparecerte, sembrarte la muerte dentro, y dejarte que te vaya consumiendo hasta el final de tus días".