24 de Septiembre de 2018

México

Tortura en México, 'una realidad que no ha cambiado'

Un comité de Naciones Unidas condena el aumento de la impunidad y complicidad de las autoridades con los delincuentes.

Organismos civiles señalaron que persiste el excesivo uso de la fuerza en protestas sociales. (Archivo/SIPSE)
Organismos civiles señalaron que persiste el excesivo uso de la fuerza en protestas sociales. (Archivo/SIPSE)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Organizaciones civiles denunciaron ante el Relator Especial sobre Torturas de Naciones Unidas, Juan Méndez, el aumento de hasta 500 % de casos de tortura y la militarización como pilar de la estrategia de seguridad pública en México.

Las ONG's también se quejaron ante Méndez, que realiza una visita oficial al país, de la persistencia del arraigo, una especie de arresto domiciliar que ha sido cuestionado por organismos humanitarios por considerar que se trata de un "secuestro disfrazado", según cita Ansa Latina.

Otra práctica que fue señalada por las entidades civiles fue el "uso desproporcionado de la fuerza policial contra comunicadores en cobertura de actos de protesta social".

El relator se reunió con representantes de La Red de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (RED TDT), Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, entre otros.

Desde antes de la reunión del Comité contra la tortura de la ONU, en noviembre de 2012 organizaciones de la sociedad civil habían denunciado que la tortura era una práctica "común y sistemática en el sistema de justicia nacional". 

Confesión bajo tortura

En las conclusiones finales de su evaluación, el comité, con sede en Ginebra, Suiza, emitida el 23 de noviembre de ese año, teniendo en cuenta reportes de ONG's y el informe oficial entregado por el Estado, condenó el "alarmante aumento" de la tortura en México, impunidad y complicidad de autoridades ministeriales y judiciales.

También puso en evidencia el "encubrimiento de tortura por peritos oficiales", la condena en los tribunales de personas "con base en confesiones obtenidas bajo tortura" y el "aumento progresivo" de las desapariciones forzadas.

En un comunicado difundido el miércoles sobre los resultados de la reunión con Méndez, efectuada el martes en ciudad de México, se indica que ante el Relator Especial para la Tortura de la ONU se expusieron "las principales preocupaciones en torno a la persistencia de la práctica de la tortura en México".

Las ONG's mostraron al experto de la ONU un panorama dramático de la secuela en materia de derechos humanos dejada por la cuestionada estrategia antidrogas del ex presidente Felipe Calderón (2006-2012).

Este enfoque "no ha variado" mucho en el gobierno del actual mandatario Enrique Peña Nieto, indicaron. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó 7,253 casos de tortura durante la gestión Calderón, así como el arraigo de 11,000 personas de 2006 a la fecha, de las que sólo 3.2 % fueron condenadas.

Sin cambios

Pese a que este país integra la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, "no hay cambios favorables en México", hicieron notar las ONG.

En 1997, México tuvo la primera visita de un relator de Naciones Unidas sobre el tema, que emitió un primer informe en 2000, y en 2012 el Comité Contra la Tortura (CAT, siglas en inglés) emitió otro documento recomendatorio.

En 2012 el CAT señaló que la tortura es "una realidad que no ha cambiado en México".

El aumento de esa práctica alcanzó proporciones alarmantes, "mediante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas o los cuerpos de seguridad del Estado", según las organizaciones.

Otra preocupación elevada al conocimiento de Méndez fue "el uso desmesurado de la prisión preventiva y detenciones arbitrarias durante las que ocurren actos de tortura".

Entre otras demandas, las ONG pidieron al relator que proponga la abolición del arraigo, y la adopción de "protocolos y controles de detención", para que cuando una persona sea detenida "se le traslade y presente inmediatamente al Ministerio público".

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