Agencias
SAN JUAN DEL RÍO, Qro.- La procuradora General de la República, Arely Gómez, aseguró que la dependencia a su cargo colaboró con la Fiscalía de Nayarit para integrar la investigación por doble homicidio en contra de Héctor Luis Salazar Palma, El Güero Palma, ocurridos en dicha entidad en 1995.

"Fueron dos homicidios, los datos los voy a mantener en secrecía está ahorita ya en el Altiplano, como ustedes saben, eran ordenes de aprehensión que se tenían y que se estuvieron trabajando con base en el convenio de colaboración que tenemos con la Conferencia Nacional de Procuradurías y se trabajaron en los Ministerios Públicos de la PGR y del Estado de Nayarit”, comentó.

Sin embargo, trascendió que El Güero Palma, ordenó la muerte de un subcomandante de la policía de dicha entidad, que colaboraba con la organización criminal y lo traicionó, perdiendo la vida también en esa ocasión el acompañante del mando policiaco, según publica el sitio web excelsior.com.mx.

En entrevista, luego de inaugurar el segundo Encuentro Nacional de Analistas de Información en el centro de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la PGR, en este municipio, la procuradora explicó que ya está corriendo el plazo para que el juez determine la situación jurídica de Salazar Palma.

"Ahorita está corriendo el término constitucional para que el Juez, primero que él emita su declaratoria, después el Juez determine lo conducente”, dijo.

Este miércoles, luego de ser entregado por autoridades norteamericanas en la garita fronteriza “Puente Nuevo” en Matamoros, Tamaulipas, a agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), se notificó a El Güero Palma sobre la orden de aprehensión en su contra, por doble homicidio.

"Ya en nuestro país, personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit cumplimentó una orden de aprehensión en contra de Palma Salazar, por su probable responsabilidad en dos homicidios ocurridos en esa entidad”, detalló la PGR.

Salazar Palma fue trasladado por elementos por elementos de la Policía Federal, y a petición de las autoridades judiciales, al Centro Federal de Readaptación Social número 1, Altiplano, en el Estado de México.