Va PRD por 'candados' a programas sociales

La propuesta contempla la separación inmediata de los funcionarios involucrados en el uso electoral de esos apoyos.

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El presidente del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MÉXICO, D.F.- Un días después de suscribir el agregado (adéndum) al Pacto por México, el PRD presenta hoy su iniciativa de reformas al artículo 134 constitucional para reforzar en blindaje de los programas sociales, a fin de evitar que se utilicen con fines electorales y que incluyen la separación inmediata de los funcionarios involucrados para ser investigados sin demora.

En la iniciativa inscrita para la sesión de hoy de la Comisión Permanente, se propone la participación ciudadana en la vigilancia y diseño de los programas sociales; su evaluación técnica, contralorías ciudadanas con integrantes de las comunidades beneficiarias, adjudicaciones a través de licitaciones públicas, entre otras.

Por lo que toca a los funcionarios que desvíen recursos, el PRD plantea que los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

“Tratándose de una investigación en la que se señale la utilización o desvío de recursos públicos de los programas sociales con fines político electorales, con el fin de garantizar una investigación imparcial de los hechos, se suspenderá, como medida cautelar, de forma inmediata a los involucrados, incluyendo la cadena de mando respectiva, hasta en tanto no exista una resolución por parte de la autoridad competente”.

Se propone la participación ciudadana en la vigilancia y diseño de los programas sociales

En ese sentido, los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar y ejercer con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, “deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social”.

Se determina que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público o relación alguna con los partidos políticos.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones administrativas, penales y políticas que correspondan, de tal forma que se considere una agravante adicional a las que corresponda, cuando se trate del desvío de recursos de programas sociales, con propósitos político electorales.

En los considerandos de la iniciativa inscrita por el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa, se acusa que no obstante como herencia de los pasados métodos clientelares basados en una débil cultura democrática, una visión utilitaria de las personas y su voto, así como la propaganda gubernamental, aún existen funcionarios que utilizan los recursos del Estado con el propósito de inducir el voto ciudadano a favor de un partido o candidato.

“Este tipo de prácticas son inaceptables para la convivencia democrática e incompatibles con un Estado Constitucional de Derecho, por lo que es necesario establecer la protección constitucional adecuada para evitar que se presenten situaciones contrarias a ley, desde el gobierno, en sus tres niveles: municipal, estatal y federal, tal y como lastimosamente fue exhibido en el Estado de Veracruz”.

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