Víctor Hugo Michel/Javier Trujillo/Rogelio Agustín/Milenio
GUERRERO.- A más de cuatro meses de la desaparición de 42 normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, 30 municipios guerrerenses continúan tomados por cientos de activistas y viven hoy en la parálisis administrativa, con gobiernos en el exilio, trabajando en sedes alternas o hasta a salto de mata en los peores de los casos. Hay alcaldes que se han transformado en nómadas, sin lugar fijo para despachar, escondiéndose de las protestas.

En términos prácticos, los alcaldes de varios municipios de Guerrero están en peligro de convertirse en figuras de ornato sin poder ni recursos. "No nos dejan ni siquiera entrar a buscar los papeles para cobrar el predial", lamentó Victoriano Wences, de Tlapa, en donde los maestros de la Coordinadora Estatal de Guerrero (Ceteg) han comenzado a recaudar sus propios impuestos al comercio ambulante. "Cobran de 20 a 30 pesos por día", agregó el edil.

En Tixtla, "se nos cayó 50 por ciento la recaudación, pero ahí vamos tratando de que los servicios sigan", admitió su alcalde, Gustavo Alcaraz.

Manuel Quiñones, de Tecoanapa, no se ha parado en el municipio en tres meses ante el repudio popular que genera y el riesgo de ser agredido. Mejor vive en Acapulco, desde donde despacha.

Hasta en Acapulco, la ciudad más importante del estado, la administración municipal se ha visto trastocada. Luis Uruñuela tuvo que rendir protesta como nuevo alcalde en el salón de bodas del Hotel El Cano el pasado 26 de enero y hoy ocupa una oficina rala, sin computadora ni teléfono, en las instalaciones de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (Capama).

"El gobierno sigue funcionando", afirmó. "Lo que sí es que hemos tenido que repartirnos en varias oficinas". Los poderes de la ciudad se han dispersado: los regidores porteños sesionan en distintos hoteles de la costera.

En uno u otro grado el mismo fenómeno se repite por buena parte de Guerrero. En protesta por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también con una multiplicidad de demandas paralelas, las presidencias municipales de 30 de los 81 municipios del estado —con una población de un millón 500 mil habitantes— se encuentran controladas desde hace más de 120 días por una ecléctica mezcla. Se trata de distintas organizaciones sociales aglutinadas bajo el paraguas del Movimiento Popular Guerrerense, en el que convergen la Unión Popular de Organizaciones del Estado de Guerrero (Upoeg) y la Ceteg, así como normalistas, ejidatarios defraudados, jubilados y taxistas, entre otros. En Acapulco, por ejemplo, hay colonos de Icacos que piden indemnización a la Marina por la construcción de una base naval.

Por todo el estado, edificios clave para la administración del poder —alcaldías, cuarteles policiacos, oficinas electorales, catastros— se encuentran cerrados u ocupados, sin funcionar desde hace más de 100 días. La burocracia municipal despacha en donde puede, o, de plano, no trabaja. En Tecoanapa, el Registro Público se trasladó a una carnicería y los encargados de Protección Civil laboran desde sus casas. En Tlapa no se puede cobrar el predial. En Iguala, la presidencia municipal aún yace en cenizas, tras ser incendiada en octubre. Las secuelas de tres y hasta cuatro meses de ocupación y quema de papelería gubernamental se resienten en la entidad en lo más básico: los servicios.

"Al Legislativo nos llegan quejas recurrentes porque la prestación de servicios se ha visto afectada. Cosas como trámites de residencia, de pobreza, alumbrado, el pago del predial, pues efectivamente están detenidos", dijo el diputado Héctor Apreza, presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado.

Errantes

Abandonados a su suerte, desacreditados ante el público en muchos casos por años de malas administraciones y escándalos de corrupción, los presidentes municipales de los municipios tomados se encuentran ante la extraña disyuntiva de ser gobernantes sin territorio que gobernar. Algunos han visto cómo sus facultades les son arrebatadas por organizaciones como la Upoeg y los maestros cetegistas.

En diversas municipalidades de la Costa Chica y La Montaña, los ediles ya no controlan la seguridad, que desde hace algunos años está en manos de policías comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) y la Upoeg. Ahora, se les quiere también arrebatar el ejercicio administrativo: como parte de un proceso de "rebeldía social" con tintes antisistema, algunos gobiernos municipales —como los de Ayutla y Tecoanapa— han sido declarados "suspendidos" por el Movimiento Popular Guerrerense. En su lugar, se han comenzado a conformar "concejos municipales populares".

"Esta es una cuarta forma de gobierno", opinó Mauro Rosales, promotor social de la Upoeg en la Costa Chica, en donde se han conformado ya una decena de estos gobiernos. "Vamos a gobernar de abajo a arriba. Estamos rebasando al municipio y vamos a gestionar recursos directamente con el estado y el gobierno federal. Ya no nos van a robar los presidentes municipales".

En esencia, los "concejos municipales populares" son estructuras horizontales elegidas a mano alzada por los pobladores sin necesidad de recurrir al sistema electoral o a los partidos. Es un proyecto de usos y costumbres que en el discurso tiene ecos en los movimientos ocupas de Estados Unidos, en 2011, o el 15M español, pero que en la acción busca evitar la elección estatal y federal programada para este año en Guerrero. Se han extendido como reguero: hasta enero, una decena de ciudades habían tenido asambleas para elegir a sus nuevas autoridades.

Algunos concejos, como el de Acapulco, son de corte testimonial, sin verdadero poder. Pero otros sí han comenzado a minar la autoridad municipal. Un ejemplo de esa erosión del poder de los alcaldes se dio el pasado jueves. Bajo vigilancia de policías comunitarios armados, una asamblea de comisarios de varios poblados de Tecoanapa acordó organizarse en grupos "autogestivos" para obtener fertilizante de forma directa con la federación, sin acudir a la alcaldía, que de por sí lleva ya clausurada 12 semanas.

"Nosotros no confiamos en el presidente municipal y vamos a asegurarnos de que el fertilizante le llegue a la gente", dijo Rodolfo Ortega, de la Fundación Progreso. "Aquí manda ahora el pueblo".