18 de Diciembre de 2017

México

Ven débil acusación a mexicanos detenidos en Nicaragua

La defensa destacó que a su juicio la acusación por el presunto delito de trafico internacional de drogas está “prendida con alfileres”.

La Policía de Nicaragua incautó al menos siete millones de dólares durante la detención. (Archivo/Notimex)
La Policía de Nicaragua incautó al menos siete millones de dólares durante la detención. (Archivo/Notimex)
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Agencias
MANAGUA, Nicaragua.- La defensora de tres de los 18 mexicanos que serán juzgados en Nicaragua el próximo 10 de diciembre buscará que se deseche una de las tres acusaciones que pesan sobre ellos, en este caso, el tráfico internacional de drogas.

En entrevista con Notimex, la abogada Johanna Fonseca destacó que a su juicio la acusación por el presunto delito de trafico internacional de drogas está “prendida con alfileres”. Las pruebas serían insuficientes para una sentencia condenatoria, enfatizó.

Dijo que los argumentos del Ministerio Publico contra los mexicanos detenidos en un puesto fronterizo del norte del país el pasado 20 de agosto, “son debatibles”, aun en el caso de crimen organizado, aunque no en el relacionado con lavado de dinero.

Destacó que la policía “no les encontró drogas” en las seis camionetas con el logotipo de Televisa en las que los 18 mexicanos ingresaron por el puesto fronterizo nicaragüense de “Las Manos” con destino a Costa Rica, con 9.2 millones de dólares ocultos.

Fonseca es defensora de Julio Luis Torres Torres, 36 años de edad y único que sostiene que fue contratado por presuntos “funcionarios de Televisa”; también de Guillermo Villagómez Hernández, 36 años, y Valentín Delgado Guillén, de 26 años de edad.

Un análisis policial determinó durante las primeras investigaciones la existencia de partículas de cocaína en los vehículos y en los billetes decomisados.

Las autoridades “pueden pensar –que traficaban con drogas -pero no se puede condenar a una persona por una suposición (...) es lo que se ve, lo que se puede probar”, enfatizó.

Fonseca se muestra esquiva para evitar comentarios que pudieran tener una eventual “repercusión” en contra de sus defendidos, en este que considera uno de los casos más importantes en sus 20 años de carrera.

De hecho, dijo, los procesados “entran condenados al juicio” a cargo del juez noveno de distrito penal Edgard Altamirano.

“Entran siendo culpables de los delitos (...); una prueba es que el presidente –Daniel Ortega- repartió los nueve millones de dólares (...) y no puede repartir –los bienes incautados- hasta que haya una condena firme”, expresó la abogada defensora.

Los detenidos se identificaron como supuestos empleados de la televisora mexicana Televisa, que ha negado la versión y se ha deslindado de toda responsabilidad o relación con la caravana.

La defensa buscaría demostrar grados de responsabilidad y presuponer desconocimiento de algunos procesados que “no sabían que llevaban dinero” oculto, efectivo que según las autoridades estaba destinado a operaciones de narcotráfico internacional.

“El dueño del dinero no quería que se supiera, ni todos tenían que saber cuánto dinero llevaban, por los riesgos de que se conocieran los detalles”, indicó Fonseca.

Tratar de lograr sentencias particulares será difícil, admitió, sin embargo dijo que “no es en masa que se aplican las sentencias, sino en forma individual”.

Manifestó que tiene “dudas” sobre el cártel o grupo criminal al que pertenecerían los extranjeros, porque la investigación policial no lo ha revelado ni el número de veces que ingresaron a Nicaragua a lo largo de al menos dos años.

Añadió que las rutas del recorrido de la caravana o los contactos que habrían efectuado los detenidos en el país tampoco han sido revelados.

Las penas por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y trafico internacional de drogas oscilan, cada una, entre siete y 15 años de prisión.

Los detenidos que se hacían pasar como periodistas y personal de apoyo de la televisora eran encabezados por Raquel Alatorre Correa, de 30 años de edad, según la versión oficial.

La jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional, comisionada Glenda Zavala, no descarta la posibilidad de deportación de los extranjeros una vez que sea dictada la sentencia firme.

mn/dua

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