Javier Vega/Milenio
CIUDAD DE MÉXICO.- La violencia que campea en el país es el motivo por el que muchas familias han tenido que dejar sus pertencias y escapar de sus lugares de origen para poder sobrevivir. La familia Ponce es una de ellas y Milenio publica un reportaje sobre cómo lo perdieron todo.

Los envases de plástico, deformes por el fuego, comparten espacio con los productos caducos y empolvados que permanecen apilados en las estanterías. Los muros perforados por balas de alto calibre y los techos ennegrecidos por el humo son las pruebas del feroz ataque de un grupo armado. Era la mayor tienda de abarrotes en Saucillo, Chihuahua. Hoy parece una zona de guerra.

“Se escucharon detonaciones. Salimos corriendo, pero después fuimos a ver lo que ocurrió. Nos acercamos al lugar y estaba incendiado y rafagueado. Aquí todo el mundo lo conocía como el súper de los Ponce”, relata un habitante del municipio chihuahuense.

Los hechos ocurrieron en abril de 2013, días después de que la familia Ponce, propietaria de varios locales y negocios, decidiera abandonar el municipio por las amenazas y la violencia en su contra. La saña de los criminales había quitado la vida a tres de sus integrantes.

Su casa, situada a unos metros de la tienda de abarrotes, fue saqueada durante meses hasta quedar totalmente vacía. Pocas pertenencias sobrevivieron a la rapiña: algunos juguetes y álbumes de fotos, recuerdos de una vida familiar que llegó a ser próspera y feliz.

Víctor Ponce recuerda el momento en que decidió abandonar su hogar, con tal de salvar a los suyos: “Les dije: ‘Tienen una hora para empacar lo más personal, debemos irnos, tengo un presentimiento’. Yo no temía por mi vida, sino por mis hijos. Por eso tomé la decisión tan repentina de salir”.

Los Ponce tomaron sus vehículos y viajaron, sin parar, cientos de kilómetros hasta la región Occidente del país. En total, más de 50 miembros de la familia abandonaron su lugar de origen. El gobierno de Chihuahua les ofreció un cambio de identidad y escoltarlos hasta los límites del estado. “Como si fuéramos un trapo viejo o un perro: una patada y que les vaya bien”, reclama don Víctor.

Si algo extrañan los Ponce es la unión familiar, pues hoy viven separados en dos estados diferentes. Llevan vidas de bajo perfil en municipios que, por su seguridad, no pueden ser revelados.

Empezar desde cero no fue fácil, especialmente para Jacob Ponce, hermano de Víctor, quien durante los tiempos violentos sufrió el asesinato de dos de sus hijos. Uno de ellos era apenas un adolescente.

“Jonathan tenía 13 años. Apenas comenzaba a vivir y ya quería tener una novia, era muy alto y guapo”, evoca Jacob. Ingeniero zootecnista de 59 años, no ha podido encontrar trabajo en su nueva ubicación. Su patrimonio, herencia de sus abuelos y producto del trabajo, quedó atrás. Sin embargo, para él y sus hermanos volver no es una opción.

“Si alguien tuviera el interés de conocer la verdad, son muchísimas personas las que han salido de mi comunidad. Muchos han sido asesinados, secuestrados o extorsionados. Desgraciadamente, la gente no habla porque tiene miedo”, asegura.

Entre 2010 y 2015, periodo que también incluye los tiempos violentos, la población de Saucillo, se redujo en mil 129 personas (-3.5 por ciento). Decenas de familias dejaron de vivir ahí, algo evidente a la vista en calles enteras con casas abandonadas.

Pero Saucillo no es el único caso. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), existen al menos siete comunidades expulsoras de personas desplazadas en Chihuahua. Éstas se ubican en los municipios de Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe y Ascensión.

¿Reparación integral?

Bajo el rayo del sol, don Víctor recorre su nueva parcela. Nada comparado al rancho de la familia en Chihuahua. “Para empezar, el terreno es rentado. Le hemos hecho algunas modificaciones para facilitar el trabajo, pero antes teníamos instalaciones adecuadas, tejabanes, básculas y tractores propios”, afirma.

El rancho en Saucillo es una propiedad de 10 hectáreas que alguna vez albergó 800 cabezas de ganado. El terreno estaba rodeado por Nogales que, con el tiempo, también fueron arrancados y robados. Eran la apuesta de don Víctor para una vejez tranquila. Hoy, con el rancho abandonado, la familia pide que su valor sea resarcido. 

En México, las víctimas de delitos tienen por ley el derecho a la “reparación integral”. Según el artículo 64 de la Ley General de Víctimas, “la compensación se otorgará por todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean consecuencia de la comisión de los delitos”.

Sin embargo, los Ponce no han recibido un peso por lo que dejaron atrás. Don Víctor cuestiona: “Ellos hablan de una reparación integral. Pero, ¿cómo nos van a devolver a nuestros clientes y proveedores? ¿En qué forma nos van a restituir el daño moral que nos han hecho?”.

Sobre este tema, responde a Milenio el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Jaime Rochín: “Yo creo que esa es la gran deuda que tiene en estos momentos la Ley de Víctimas, pues no tiene elementos suficientes para reparar a víctimas de delitos”.

Sobre el caso particular de la familia Ponce explica: “Se requiere una sentencia que determine que son víctimas y que se haya intentado cobrar las pérdidas a los responsables. Sin embargo, en este caso no hay una sentencia y por lo tanto no procede la reparación integral”.

Por eso, la familia ha solicitado al pleno de la CEAV que reconozca el desplazamiento interno forzado como un hecho victimizante. Hasta ahora, los comisionados no han abordado el tema. Si se pronunciaran a favor, su decisión puede abrir la puerta a miles de familias que, como los Ponce, tienen derecho a ser indemnizados.

En tanto, los recursos de la familia se agotan y los bancos les niegan los préstamos. Don Víctor confía en poder exportar su ganado para salir adelante y, aún así, se muestra pesimista ante el futuro. Las carencias y la desintegración familiar han mermado su ánimo:

“Si no nos apoyan con un proyecto de vida, no me veo yo como el empresario que era. (…) Así están las cosas: se pierden empleos, se pierden empresas, la delincuencia organizada sigue ahí y las autoridades tratan de aparentar que no sucede nada”.

Y los desplazados de Saucillo, como los de otras poblaciones: sin su hogar de origen, sin arraigo, deambulando por aquí y allá...