EFE
WASHINGTON, DC.- La violencia contra periodistas y mujeres y la corrupción de funcionarios se mantienen como problemas en México, según el informe anual sobre Derechos Humanos emitido hoy por el Departamento de Estado de EU.

El documento recuerda que el 1 de julio Enrique Peña Nieto, del PRI, ganó unas elecciones que se desarrollaron de manera libre y democrática y accedió a la Presidencia de la República el 1 de diciembre.

Entre las situaciones problemáticas comentadas en el informe se alude a la implicación de policías y militares en casos serios, como asesinatos, torturas, maltrato y desaparición de personas.

La impunidad es un fenómeno extendido y, junto a la corrupción, es un problema grave, en particular a nivel estatal, entre las fuerzas de seguridad y el sector judicial.

La ley prevé sanciones por corrupción de funcionarios, pero el Gobierno no la aplica de modo eficaz y hay informes que señalan que pocos casos llegan a juicio.

La ley prevé sanciones por corrupción de funcionarios, pero el Gobierno no la aplica de modo eficaz

Persiste en México la violencia ejecutada por el crimen organizado contra las mujeres y contra los periodistas, lo que limita la libertad de expresión.

El informe del Departamento de Estado de EU se hace eco de uno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México según el cual en el país hay cárceles masificadas, detenciones arbitrarias y confesiones bajo tortura.

El año pasado había en el país 238 mil 269 reclusos en 419 cárceles, lo que superaba su capacidad en un veinticinco por ciento.

Los cursos impartidos por activistas de derechos humanos a la Policía tienen una "efectividad limitada".

Se han registrado casos de violencia contra esos activistas y también contra homosexuales y personas con algún tipo de minusvalía, según el informe, que también apunta casos de discriminación contra miembros de poblaciones indígenas y explotación infantil en el trabajo.

A pesar de que ha habido algunas detenciones por corrupción, la impunidad por abusos de derechos humanos se ha mantenido en las jurisdicciones civil y militar.

En los últimos seis años ha habido unos 7 mil cadáveres de personas no identificadas halladas en tanatorios y fosas comunes, según el Departamento de Estado, que añade que los secuestros siguen siendo un problema para personas de toda condición económica y hay informes "creíbles" de implicación policial.

El documento asegura que el Gobierno mexicano respeta la libertad de prensa y la de expresión, pero en la práctica hay ataques a periodistas y amenazas y la falta de protección adecuada se traduce en autocensura.

Asimismo, los monopolios de prensa, sobre todo a nivel local, también restringen esa libertad.