19 de Septiembre de 2018

Yucatán

Abogados piden agilizar divorcios y testamentos

'Algunas normas y leyes requieren cambios como el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares de Yucatán', dijo Rivas Acevedo.

Entre los procedimientos que no requieren de la oralidad son los divorcios voluntarios, en los que no hubiera hijos menores de edad. (Archivo/Agencias)
Entre los procedimientos que no requieren de la oralidad son los divorcios voluntarios, en los que no hubiera hijos menores de edad. (Archivo/Agencias)
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Israel Cárdenas/SIPSE
MÉRIDA, Yuc.- Ante la integración de la agenda legislativa del Congreso del Estado, el Colegio de Abogados de Yucatán declaró ayer que los diputados deben tomar en cuenta las iniciativas rezagadas en legislaturas anteriores, impulsar reformas en materia familiar y homologar el marco local al federal en materia de fiscalización y transparencia.

El presidente del Colegio, Pedro Francisco Rivas Acevedo, dijo ayer que hay algunas normas y leyes que requieren reformas como el Código de Familia y el Código de Procedimientos Familiares de Yucatán porque considera que no todos los procedimientos relativos a estas áreas deben estar inmersos en la oralidad mercantil.

En este sentido, explicó que los procedimientos que no requieren de la oralidad son los divorcios voluntarios, en los que no hubiera hijos menores de edad; las sucesiones testamentarias en las que no hubiera menores ni personas con alguna discapacidad; entre otros, toda vez de que al no haber conflictos estos procesos pueden llevarse sin necesidad de las audiencias.

Rivas Acevedo agregó que otros asuntos legislativos pendientes son la rendición de cuentas y la transparencia. “Actualmente a nivel nacional ya hubo reformas al Sistema Nacional Anticorrupción y será importante que la Legislatura local esté al pendiente para que Yucatán sea vanguardia en las legislaciones referentes a rendición de cuentas como pudiera ser la ley de fiscalización y mejorar las leyes de transparencia, además de ir cumpliendo con los plazos que la Constitución marque en términos del sistema nacional anticorrupción”.

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