20 de Septiembre de 2018

Yucatán

Acuerdos Conclusivos 'salvan' a contribuyentes yucatecos

Se trata de una alternativa para agilizar procesos de auditorías y protegerse de malas prácticas de autoridades recaudatorias.

En las auditorías que practicaba el SAT surgían cuatro malas prácticas que en su resolución afectaban a los contribuyentes, revela Marco Ponce Hernández, delegado en Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). (SIPSE)
En las auditorías que practicaba el SAT surgían cuatro malas prácticas que en su resolución afectaban a los contribuyentes, revela Marco Ponce Hernández, delegado en Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). (SIPSE)
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Ana Hernández/Milenio Novedades
MÉRIDA, Yuc.- Los yucatecos se “protegen” de las malas prácticas de las autoridades recaudatorias, en especial del SAT, y al detectarlas,  antes de que se vean acorralados y obligados a pagar una multa por presuntas anomalías, solicitan hacer un Acuerdo Conclusivo, los cuales no sólo aceleran los procesos de las auditorías sino que les permiten condonar sanciones, reveló el delegado en Yucatán de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), Marco Ponce Hernández. 

El funcionario explicó que a nivel central se emitió ‘una alerta’, luego de las recomendaciones públicas que la Prodecon emitió al SAT la 31 y la 32, porque en las auditorías que practicaba surgían cuatro malas prácticas que en su resolución afectaban a los contribuyentes, los cuales se veían obligados a pagar créditos fiscales (multas). En Yucatán en 2014 se firmaron 29 convenios de ese tipo, en este año llevan 44.

Marco Ponce resaltó que han resuelto ya el 60% de los 2,820 por ciento de los casos que han atendido y de estos el 85% han sido a favor del contribuyente. De ese total el 80% han sido casos contra el SAT, 12% contra el IMSS e igual para el Infonavit, 5% contra la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán y el resto son diversos, hay desde situaciones entre particulares; y de afores que cuando los ciudadanos retiran sus ahorros, les retienen el impuesto.

Sobre las malas prácticas, destacó que los cuatro puntos negativos son: pedir el 100% de la contabilidad pero sin respetar esquemas que el contribuyente no logró acreditar; descalificaban de manera genérica porque el cliente no logró acreditar cuales eran sus gastos indispensables y demás; pierden la buena fe del contribuyente al pedirle que pruebe que no está simulando operaciones;  y no hacían un análisis integral de elementos externos que permitan conocer si el contribuyente incremento su patrimonio.

En Yucatán no se han reportado estas situaciones –declaró-, porque los contribuyentes, en cuanto el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inicia una auditoría, recurren a la Procuraduría para lograr un Acuerdo Conclusivo, que la Prodecon los intervenga y los apoye, utilizan este medio para evitar la liquidación de un crédito fiscal antes de que se materialice.

Ponce Hernández indicó que hay más conocimiento de estos convenios de 2014 y en lo que va del 2015 ya suman 73 acuerdos firmados,  este año 22 han cerrado la auditoría que se practicaba al contribuyente, en cinco no se lograron acuerdo y continúan y 27 están en proceso.

Estos procedimientos tardan un promedio de 40 días, la autoridad tiene 20 días para analizar y auditar, si una de las partes no está de acuerdo se crea una mesa de trabajo en las que se realizan de tres a cuatro reuniones, esto es tanto para personas físicas como morales.

Destacó que cuando se presenta la solicitud de un acuerdo de este tipo se suspenden plazos de la autoridad que este auditando, nadie debe actuar, y en los acuerdo que se logran incluso se condonan multas; pero si no hay convenio, entonces el  proceso continúa hasta que la autoridad emita la resolución o crédito fiscal que el contribuyente debe pagar.

El contribuyente puede contar con asesoría legal de la Prodecon para enfrentar el proceso o bien presentar consultas especializadas y aportarlas como medio de defensa. Ahora hay dos casos que se llevan ante el Tribunal Fiscal.

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